La Familia Calderón y el Michoacanazo

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa no dijo una palabra sobre el más reciente y estrepitoso revés que sufrió su proyecto político de convertir a Michoacán en plaza propia. Como diría el clásico de los sueños blanquiazules, Germán Martínez Cázares: “Vamos a guanajuatizar México”. Y la frustración del sueño guajiro lo llevó a caer de la gracia del jefe y pasar al ostracismo.

Liberados 34 de los 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacán –12 por desvanecimiento de pruebas, ocho por revocación del auto de formal prisión y nueve por sentencias absolutorias--, la Procuraduría General de la República se engalla y anuncia que litigará contra el juez Efraín Cázares López ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solicita, también, el desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano.

De los servidores públicos detenidos en la víspera de las elecciones federales de 2009, por presuntamente tener vínculos con el cártel de La familia, sólo permanece en prisión Armando Medina Torres, alcalde de Múgica, quien se prevé será liberado antes de dos meses. Por si lo anterior fuera poco, recientemente tomó posesión como diputado federal Julio César Godoy Toscano, burlando a la luz del día el cerco de la Policía Federal sobre la Cámara de Diputados, para cumplimentar una orden de aprehensión vigente, pero ya inviable con el fuero.

Manlio Fabio Beltrones Rivera y Carlos Navarrete Ruiz subrayaron el ridículo en que fueron puestos Calderón Hinojosa y Arturo Chávez Chávez, y éste pretende disminuirlo con la impugnación de los fallos judiciales de primera instancia, que ordenaron la liberación de los prisioneros en el transcurso de los últimos 14 meses.

El macizo golpe propinado por Felipe de Jesús Calderón a los partidos que se le oponen en Michoacán, destacadamente al gobernante de la Revolución Democrática, era del conocimiento de Luisa María Calderón Hinojosa antes de que se llevara a cabo e ignorado por el gobernador Leonel Godoy Rangel.

El protagonismo político de la exsenadora Luisa María rebasa con creces a la secretaría de Elecciones que cubre en la dirigencia estatal, al punto de que se atreve a hablar y opinar en nombre de la “sociedad michoacana”. Y sin ocupar ningún cargo público, nombró a los delegados federales de todas las secretarías de Estado, la acompaña ostentosamente un nutrido grupo de elementos del Estado Mayor Presidencial y funge como máxima representante de Los Pinos en Michoacán, aseguraron analistas locales que solicitaron omita nombres.

Los Calderón Hinojosa, sobre todo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, están empecinados en convertir a la gubernatura de Michoacán, en 2011, en una prenda familiar y refugio para el retiro del hermano más exitoso, pero también cada vez más impugnado hasta el rechazo y con previsibles dificultades para permanecer en el país dentro de 26 meses.

Está en su pleno derecho el impugnado procurador a alegar y, sobre todo, demostrar lo que llama “exceso de atribuciones” y haber decretado “de forma cuestionable” el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con sede en Michoacán, la libertad de 20 de los 35 alcaldes, regidores y funcionarios estatales. Más aún: ése es su trabajo y para eso cobra sueldo y prestaciones espléndidas.

La que no está apegada ni remotamente a derecho es la conducta del titular del Ejecutivo federal, quien al erigirse en agente del Ministerio Público –como antes lo hizo de gastroenterólogo, investigador policiaco, sicólogo, sacerdote y hasta epidemiólogo-- invade atribuciones de lo que se ha dado en llamar “abogado de la sociedad”, pero es un simple empleado del presidente, como lo demostró al postular en la radiodifusora Max FM de Morelia y sin el menor de los rubores, que hay elementos incriminatorios en contra de los funcionarios liberados, “versiones de testigos” –protegidos y pagados por su gobierno-- y “según entiendo” grabaciones telefónicas.

Políticamente se comprende que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa defienda el más importante y escandaloso de los operativos policiaco y militar que, explica ahora, buscaba una “completa depuración y fortalecimiento de la fuerza pública, de la policía estatal concretamente, de la Procuraduría de Justicia y sus ministerios públicos”.

Para lograr lo anterior, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús ignoró al gobernador michoacano, pero no a Luisa María Calderón Hinojosa, a la que según sus indiscreciones pueblerinas enteró oportunamente del anticonstitucional operativo en la República federativa, que incluyó entrar al Palacio de Gobierno a detener funcionarios. Lo bueno es que en Los Pinos vive y despacha un abogado que, además, tiene como propósitos centrales construir un “gobierno de leyes” y un estado de derecho, así cueste a la sociedad 29 mil vidas, el 12 por ciento de ellas víctimas inocentes.

En todos los tonos, legisladores de los partidos de oposición aún condenan el michoacanazo de hace 18 meses y advierten ante la persistencia y tenacidad de Chávez que “todo fue un montaje de la autoridad federal armado con una intención distinta a la de combatir a la delincuencia organizada”.

Intencionalidad eminentemente política, que tiene como obsesión presidencial posicionar a su partido, Acción Nacional, y despejarle el camino a Luisa María Calderón para que sea la candidata a gobernadora en 2011 y, más tarde, despache en el Palacio de Gobierno de Morelia, y su hermano disponga de esta manera de un refugio seguro dentro del país.