El calderonista, un gobierno contra las mujeres

En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las mujeres hemos padecido no sólo la persecución por aborto con acciones amañadas, también se han documentado más de mil 700 asesinatos de personas del sexo femenino, y no se ha dado cumplimiento a las leyes y normas de igualdad.

Además, existe un marcado deterioro laboral y, para cerrar con broche de oro, tenemos un Estado sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por feminicidios.

Es enorme la lista de agravios, que naturalmente pasan por la intentona que siempre busca evitar que las mujeres lleguen a puestos de decisión y, por supuesto, la permanente violación a los derechos humanos y las amenazas de muerte a periodistas que, como Anabel Hernández, indagan la corrupción gubernamental o simplemente revelan los laberintos en que quedan ancladas muchas de las denuncias y arbitrariedades contra trabajadoras, como las del Sindicato Mexicano de Electricistas.

No existe un solo rincón del país donde no haya algo que reclamar como resultado de una política siniestra, donde los seres humanos son disminuidos o restringidos en sus libertades fundamentales.

El panorama podría llenarse de cifras y de hechos, pero no hay espacio suficiente para documentarlo ahora. También de respuestas oficiales que siempre concluyen que no pasa tanto, que la verdad es que progresamos y estamos recuperando la economía.

Me dirán que lo mismo sucede a los hombres mexicanos, restringidos, encarcelados y también asesinados. Tienen razón. La ausencia del Estado en el país dejó 12 periodistas asesinados en 2010 y tres desaparecidos, sólo por poner énfasis en una situación grave, porque la libertad de expresión es la reina de las libertades, porque el periodismo es el vehículo que permite llegar a la masas, como lo han hecho las revelaciones de WikiLeaks y lo ha señalado el director del diario El Sur de Acapulco, Juan Angulo, cuyo edificio fue baleado el pasado 10 de noviembre.

Los datos del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, que cumplió dos años el pasado viernes 10 y es encabezado por la periodista Judith Calderón, revelan, además, que en ninguno de los múltiples casos denunciados ha habido investigación, menos culpables. ¡El colmo!

Es cierto que estamos frente a una de las situaciones más deplorables de la historia de México, precisamente cuando la boca de mujeres y hombres políticos se llena de supuestos avances, justificaciones e indiferencias.

También es verdad –e intento mirar lo que ha sucedido en 2010– que cada mes, en un lugar de la Ciudad de México, hay banderas levantadas, así como movilizaciones, manifiestos públicos y marchas de protesta para denunciar el avance contra los derechos sexuales y reproductivos, ganados lentamente a lo largo de todo el siglo XX. Y estos actos se reproducen por todos los otros casos. Hay miles de ciudadanas y ciudadanos que tienen conciencia y no se callan.

Probablemente se nos vaya el aliento antes de recontar agravios y respuestas, muchas represiones e intentos reiterados por acallar las denuncias, las arbitrariedades… y se enseñorea la insuficiencia sistemática de los órganos que debieran impartir justicia.

Hace poco me preguntaba: ¿Quién se ocupa de las viudas y las familias? ¿A quiénes se les entregan los cuerpos ejecutados por doquier? ¿Quién se pregunta por las oscuras noches de quienes buscan a decenas de desaparecidos y desaparecidas?

Ahora mismo me preocupan del todo dos asuntos que son vivo ejemplo de lo que puede analizarse o calificarse, de algún modo, como dos ejemplos de mi afirmación contundente de que estamos en presencia de una lucha entre el poder y el pueblo, del que las mujeres somos más de 50%, ni más ni menos.

Me refiero, por una parte, a las revelaciones de que en Hidalgo, entre 2008 y 2010, al menos 31 mujeres fueron encarceladas o enfrentan un proceso judicial por aborto, acusadas de homicidio doloso, algunas de ellas sentenciadas a más de 30 años de prisión. No puedo dejar de pensar en su indefensión, desamparo, soledad y desabrigo.

La activista Otilia Sánchez, con datos logrados a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), pudo precisar que de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, hay 31 mujeres procesadas en apenas dos años.

Esto va ligado a la intensa movilización de las mujeres –reunidas en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres– en muy distintas ciudades, pero sobre todo en los 17 estados donde se ha pretendido desaparecer su derecho al aborto, por causas razonadas, y a quienes se les quiere negar para siempre este derecho, incluso el de las excepciones de ley.

¿Saben quién las denuncia? Pues los médicos que las reciben cuando se presentan en los nosocomios con complicaciones de aborto. Son los médicos quienes llaman al Ministerio Público para que las detengan y encarcelen.

La sangre se hiela cuando Otilia, además, informa que una de ellas fue perseguida durante año y medio antes de ser encarcelada, como una verdadera delincuente, mientras que nadie atina a saber por qué seguimos sin datos elocuentes y completos de la guerra contra el narcotráfico que inventó el señor Calderón.

Hace un año, el 9 de diciembre de 2009, se firmó el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, para dar una respuesta política y organizada frente a las arbitrariedad a favor de la vida del óvulo fecundado, que constituye una forma de “violencia institucional” contra las mujeres en el país. Los marcos jurídicos antiaborto obstaculizan el derecho a decidir, así como el ejercicio de la libertad de conciencia y la autodeterminación reproductiva.

Este es el segundo año con el mismo tema. Esos marcos jurídicos antiaborto obstaculizan el desarrollo de las mujeres y su derecho a tomar decisiones, que, por otro lado, se dice que se fomentan con el “empoderamiento” que se pregona en los micrófonos, en foros de simulación y descrédito. Afectan al laicismo en el país, ponen en pecho tierra a la tan traída y llevada transición democrática, y esos actos sí ponen en peligro cualquier ruina institucional que todavía pueda existir en el país.

El Estado Mexicano incumple todas las convenciones y acuerdos relacionados en lo que se conoce como “adelanto de la mujer”. Y más: relatores de organismos internacionales dicen, recio y quedito, que en México se encabeza la cifra del feminicidio en la región latinoamericana. Además, tenemos el primer lugar en persecución y asesinato a periodistas, así como la ominosa cifra de que sólo 3% de los delitos llegan a resolverse.

Si de balance de fin de año se tratara, cualquier persona se moriría de depresión y tristeza. ¿Quién puede rendirle cuentas a la mitad de la población? Hasta ahora el gobierno mexicano tiene sobre su cabeza la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de cara a las denuncias del llamado caso de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército en Guerrero, así como las violaciones a sus derechos sobre los que ahora tendría que responder. Sentencias que tendrá que cumplir.