Paramilitares: Barbarie y simulación

MÉXICO, DF, 9 de noviembre (apro).- En un país donde la jactancia de las bandas criminales acumula en tres años unos 15 mil asesinatos con saña cada vez más inaudita y donde quedan sin castigo las violaciones a los derechos humanos, cometidas a través de las fuerzas policíacas y castrenses, es lógico que emerjan conductas mesiánicas y, al mismo tiempo, delincuenciales desde instancias del poder público.

Si el alcalde panista de San Pedro Garza García, el magnate Mauricio Fernández, se regodea de integrar un grupo paramilitar para "limpiar" de criminales ese municipio neoleonés, y exhibe como sus primeros trofeos de guerra los cadáveres de cuatro presuntos secuestradores localizados en la Ciudad de México, es porque en el país se ha instalado la barbarie.

En su frenético operativo de difusión, Fernández admite inclusive que en el grupo paramilitar que lo enorgullece participan individuos vinculados al narcotráfico, particularmente los Beltrán Leyva, cuyas familias --ya lo había admitido en su campaña-- habitan San Pedro y por tanto era viable establecer una suerte de pacto: Eliminación de secuestradores a cambio de tranquilidad.

Tardíamente, sólo cuando la insolencia de Fernández ha rebasado la apología del delito, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pontificó sobre el Estado de derecho y, con ambigüedad, evitó referirse al alcalde de su partido: "Creo que he sido claro y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que se atenga a las consecuencias".

Con tal desplante, Gómez Mont imitó el lenguaje de Fernández, que en su alarde de custodio justiciero de la elite que habita el municipio que gobierna no ha tenido, ya no la honradez, sino la hombría --para ponerlo en sus términos-- de asumir como propio el cuádruple homicidio y sólo reta: "Al buen entendedor…"

Felipe Calderón actúa con análogo proceder: Este lunes 9, en San Pedro, más de una semana después del escándalo de quien es un curioso panista que gasta su dinero en arte y mantiene una estrecha amistad con Fidel Castro, disertó sobre el Estado de derecho para supuestamente reprenderlo: "Hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma, que es la fuente de toda legitimidad."

El problema es que, como hay tantas pruebas, Calderón practica la simulación y, más allá del discurso, lo que procede es si ha dado la orden de que se desmantele el escuadrón de la muerte del que Fernández se ufana, que por lo expuesto por él mismo cuenta con la cooperación del Ejército Mexicano.

En un tema tan delicado no caben las ambigüedades, sobre todo cuando, en público y en privado, la conducta demagógica de Fernández ha generado el clamor de medidas semejantes, algunas de ellas producto, en efecto, de la desesperación y la impotencia, pero otras francamente oportunistas.

No hay que olvidarlo: Los escuadrones de la muerte o las bandas paramilitares que actuaron --y actúan aún-- en países de América no sólo procedían contra delincuentes, sino contra quienes los miembros de la oligarquía local --que financiaban esas estructuras toleradas por la autoridad-- identificaban como enemigos.

En un contexto tan enrarecido como el que prevalece en México, donde la impunidad alienta cualquier tipo de conductas delincuenciales, la proliferación del paramilitarismo cobrará auge si no se desactiva el que creó el alcalde de San Pedro.

Apuntes

Como a todos los ciudadanos del país, la barbarie alcanza también a los periodistas: En los tres años de gobierno de Calderón han sido asesinados 50 periodistas y tan sólo 13 en lo que va del año, el más reciente fue Bladimir Antuna García, del periódico Tiempo de Durango, cuyo cadáver apareció el lunes 2 de noviembre. El gobernador del estado, el priista de ultraderecha Ismael Hernández Deras, actuó no como autoridad para buscar a los responsables, sino como cómplice de los criminales: Por ejemplo, el martes 4, citó a los directores de los medios de comunicación a un desayuno en la Casa de Gobierno, en el que presuntamente les pidió no dar seguimiento al caso, debido a que el periodista era adicto a las drogas y que tenía denuncias por fraude y extorsión. Hernández Deras, muy cercano a la ultraderechista organización de El Yunque, ordenó neutralizar una protesta que un grupo de periodistas realizaría en la sesión del Congreso local. El clima contra periodistas está tan enrarecido en Durango, que la corresponsal de El Universal, Mónica Perla Hernández, quien había recibido amenazas como Bladimir, tuvo que salir del estado, y apenas la madrugada del jueves desconocidos entraron a la casa de Gabriela Gallegos, presidenta de las mujeres periodistas del estado, para llevarse instrumentos de trabajo con propósitos, al parecer, de intimidación por su repudio a los crímenes contra colegas. Estos casos ameritan seguimiento…