Contra la ley antiaborto, política con principios

Es joven, católica, navista y diputada por el PRI y el Verde en San Luis Potosí, pero lo que distingue a Beatriz Benavente es que tiene principios y valentía para defenderlos. Su estado natal es uno de los 16 donde la derecha ha impuesto, a espaldas de la sociedad, una reforma a la Constitución estatal dirigida a complacer a la jerarquía católica. La diputada Benavente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Congreso del Estado de San Luis Potosí, ha convencido a sus correligionarios priistas y a los diputados del PRD, PT y Conciencia Popular (el partido local) de la importancia de interponer –¡desde el Congreso! – una acción de inconstitucionalidad, y así defender el Estado laico y preservar los derechos humanos de las mujeres.

Quiero destacar tres aspectos de lo ocurrido en San Luis Potosí. Primero, la existencia de un Consejo plural (de reciente creación) en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Integrantes de este Consejo impulsaron un proceso de reflexión sobre el tema, aunque el empate al interior impidió que la comisión interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Segundo, con las recientes elecciones hubo un cambio en la correlación de fuerzas ¡y de conciencias! dentro de la legislatura. Tercero y fundamental, la llegada de una navista, convencida de la necesidad de trabajar de cara a la sociedad, cuestionó la forma y el fondo de la reforma.

Hace unas semanas conocí a Beatriz Benavente. Asistí al Acto de Declaratoria por los derechos humanos de las mujeres en San Luis Potosí, convocado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización Católicas por el Derecho a Decidir y Propuesta Cívica de San Luis Potosí, donde la diputada expuso sus motivos para interponer la acción de inconstitucionalidad.

Me impresionó la forma en que explicó su perspectiva sobre los derechos humanos: no tienen por qué ser “votados” por una mayoría ni deben estar sujetos a los vaivenes del mercado político. “Soy católica”, declaró, “pero no creo que deba usar mis creencias religiosas para obligar a los demás a que actúen de determinada manera.” Con argumentos de peso, ella logró que, en esta ocasión, la bancada priista se deslindara de sus antecesores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se deberá pronunciar ante las acciones de inconstitucionalidad que han provocado estas reformas (además de la del Congreso potosino, está la de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California y la del municipio de Uriangato en Guanajuato). Esto no exime de un indispensable debate público sobre la despenalización del aborto y sobre qué significa “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Comparto el postulado de que la vida es un valor que debe ser protegido desde su inicio, y sigo el razonamiento de varias juristas de que dicha “protección” debe consistir, en lugar de prohibiciones, en otorgarle a las mujeres todo tipo de garantías para que lleven a cabo la gestación: atención médica, alimentación adecuada, reposo necesario, etc. Sí, la vida es un valor que hay que defender, al mismo tiempo que se aceptan determinadas excepciones: la legítima defensa (personal y nacional), el aborto, el suicidio asistido y la eutanasia. Por eso es que, aunque una mujer decida interrumpir el proceso de gestación de una nueva vida, ese acto no se contrapone a una valoración general de la vida. Reconocer el valor de la vida y otorgarles a las mujeres las garantías para que lleven a cabo la gestación, al mismo tiempo que se respeta su decisión cuando deciden interrumpir dicho proceso, es una realidad en sociedades que tienen despenalizado el aborto, y que distinguen entre un valor general y el derecho particular de decidir sobre el propio cuerpo.

La acción de inconstitucionalidad promovida por Beatriz Benavente y once diputados más (PRI, PRD, PT y CP) es un indicador de que el tema no está cerrado, ni siquiera en sociedades conservadoras como la de San Luis Potosí, donde una de cada cinco mujeres que se hospitaliza por causas maternas lo hace por aborto (datos de IPAS a partir del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios SAEH 2000-2006). Para luchar contra la hipocresía y la doble moral urge discutir públicamente. Hace muchos años, a principios de los noventa, hubo varios programas en la televisión sobre la despenalización del aborto. Cuando la jerarquía de la Iglesia católica se dio cuenta de que iba perdiendo el debate, presionó a los grandes empresarios católicos, que amenazaron con retirar la publicidad de sus productos si se continuaba transmitiendo esa polémica. El chantaje tuvo efecto y la censura se dio. Hoy, ante las acciones concertadas de la derecha, que se llevan a cabo sin debate público, es imprescindible ventilar tanto las posturas legislativas como las discusiones políticas. ¿Por qué nuestras televisoras no ofrecen espacios de confrontación de posiciones sobre este y otros temas? Debatir abiertamente vuelve más difícil la imposición de reformas autoritarias y oscurantistas.

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