Fin del fuero eclesiástico

A unos días de que finalizara 2009, la justicia argentina condenó al ex arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni, a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por su condición de sacerdote contra un joven seminarista en los años 90. La sentencia fue emitida por la juez María Amalia Mascheroni; el caso Storni comenzó desde 1994 cuando, por orden del Vaticano, monseñor José María Arancibia investigó denuncias de jóvenes seminaristas sobre supuestos abusos sexuales del entonces obispo de Santa Fe.

El resultado de estas pesquisas fue dado a conocer al público en el año 2000 en un libro publicado por la periodista Olga Wornat, titulado Nuestra Santa Madre, que provocó conmoción en la sociedad argentina. En septiembre de 2002, monseñor Storni renunció a su cargo y envió una carta al papa Juan Pablo II en la que no reconocía culpas ni acusaciones. Meses después, Storni se declaró inocente ante la justicia penal, negando los cargos. Pese a la lentitud, finalmente se hizo justicia, aunque la sentencia es atenuada, por motivos de edad y salud, a una forzosa reclusión domiciliaria. Para el columnista uruguayo Washington Uranga, del diario argentino Página 12, ha sido un paso muy importante desde el punto de vista institucional para la justicia y la vida de la sociedad argentinas, porque generalmente la Iglesia y en especial la jerarquía habían sido intocables. Uranga nos plantea: “Se trata, ni más ni menos, de la aplicación de un principio elemental del derecho: todos somos iguales ante la ley. También los curas y los obispos.

No siempre fue así. Tal igualdad, que es sana para las instituciones y para toda la sociedad, lo es, sin duda y en primer lugar, para la misma institución católica” (Página 12, 31/12/09).

La pregunta clave es: ¿se está resquebrajando el llamando “fuero eclesiástico”?; es decir, el trato privilegiado y preferencial, especialmente en aquellos países de mayoría católica, que hasta ahora han gozado miembros del clero, teniendo un trato ventajoso por la justicia civil a lo largo de todo el siglo XX. ¿Se está desmoronando lentamente la impunidad secular, la complicidad y el encubrimiento del Estado para beneficio del alto clero? En Argentina existe otro caso que falta sustanciar: se trata del sacerdote pedófilo Julio César Grassi. En Panamá también se desató un gran escándalo en torno a un albergue juvenil en Colón, que está a punto de ser cerrado no sólo por la Iglesia, sino por la presión de la sociedad panameña. Encontramos igualmente las visitas de los visores apostólicos del Vaticano a los Legionarios de Cristo, y una de las grandes interrogantes es el grado o los alcances de abusos sexuales que existen en la orden. Y qué decir de la aguda crisis de la Iglesia en Irlanda, en la que diversos y bien documentados informes han demostrado que desde los años 50 miles de niños y jóvenes han sido sometidos a abuso sexual por diferentes generaciones del clero católico de aquel país. El informe judicial de Dermot Ahern relata crueldad y complicidad entre las autoridades religiosas, civiles y mediáticas para acallar y disimular los hechos que estuvieron impunes durante décadas; la crisis ha llegado a tal nivel que hasta el momento han dimitido cuatro obispos irlandeses y ha ocasionado cuantiosas derramas económicas.

El año pasado fue funesto para el papa Benedicto XVI: la bomba lefebvrista, la crisis mediática en la que personajes le reprocharon alejarse del Concilio y en especial sus detonadoras declaraciones sobre el condón durante su visita a África, en marzo de 2009, que provocaron una verdadera crisis diplomática, especialmente en los países europeos.

Pese a todo, Joseph Ratzinger se ha mantenido firme en el rechazo de complicidades y encubrimientos, condena tajante dichas prácticas. El papa Benedicto XVI ha desaprobado reiteradamente estos métodos, subrayando que “sacerdocio y pederastia son incompatibles”. Frente a los casos de abuso sexual a menores, al menos la Iglesia, en su más alto nivel, manifiesta tolerancia cero; es decir, rechaza el fuero interno y todas al argucias para proteger al clero depredador. En particular las diferentes formas en que las víctimas son presionadas y silenciadas por conducto de constricciones morales, sicológicas e incluso amenazas y, sobre todo, el silencio cómplice que guardaron por años miembros de la Iglesia. Hoy ya no existe la disyuntiva entre pecado y delito: si antes el pecado era sancionado ad intra por las reglas católicas, hoy se llama encubrimiento, pues constituye el ocultamiento y la complicidad de un delito criminal.

¿En México estamos preparados para poner fin al fuero eclesiástico? Lamentablemente aún somos dados a la prerrogativa, la gracia y el privilegio del religioso ante la justicia. Esta prebenda debería erradicarse desde los propios actores eclesiásticos. Expresiones como “la ropa sucia se lava en casa”, en torno a la pederastia clerical, formulada por el progresista obispo, entonces de Jalapa, Sergio Obeso, en 2002, refleja la preponderancia de las leyes religiosas sobre las normas de la sociedad. Otro ejemplo lo encontramos en las diferentes acciones y declaraciones del cardenal Norberto Rivera para defender y encubrir a su mentor Marcial Maciel a finales de los años 90; este mismo cardenal ha pasado, recientemente, por un proceso legal internacional que aún no concluye, en el que se le imputa la protección de un sacerdote violador. Son ejemplos visibles de una cultura institucional viciada que requiere profundas transformaciones.

Los medios de comunicación han jugado un papel central. Más allá de algunos sensacionalismos, su presencia inquisitiva ha ayudado a la transparencia; sin embargo, también algunos medios se caracterizan por sus silencios cómplices. Aún queda presente el boicot de empresarios afines a Maciel, en 1997, contra el canal 40, o la salida de Círculo Rojo, conducido por Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Aún falta mucho, pero ya hay signos que pondrán fin a los mantos sagrados, a los rostros de la vergüenza y la impunidad.

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