PLATAFORMA ELECTORAL FEDERAL 2009 - 2012

Plataforma Electoral Federal 2009-2012
14 de febrero del 2009

Í n d i c e
Presentación
II.. Nueva política económica para el crecimiento, el máximo empleo y salarios dignos

1. Revaloración del Estado, adecuada regulación del mercado, alianzas estratégicas con los sectores productivos, inserción positiva en la globalidad

2. Crecimiento económico, productividad, competitividad y empleo

3. Renovación de la política para el financiamiento del desarrollo

4. Sectores estratégicos: energía, minería, agropecuario y pesquero, industria y turismo
4.1. Seguridad y transición energéticas
4.2. Políticas de Estado para el desarrollo minero
4.3. Políticas de Estado para el desarrollo agropecuario
4.4. Política de Estado para el desarrollo industrial
4.5. Impulsar el turismo para el desarrollo regional

5. Desarrollo científico y tecnológico para la competitividad

6. Desarrollo sustentable: medio ambiente y biodiversidad, suelo y agua
6.1. Riesgos del calentamiento global
6.2. Uso sustentable del agua

7. Planeación del desarrollo nacional y participación social

8. Fiscalización, transparencia y rendición de cuentas

II. Nueva política social para el mejoramiento en la calidad de vida de los mexicanos y a favor de la igualdad

1. Población, transición demográfica y desarrollo nacional 66

2. Política social a favor de la igualdad y combate a la pobreza
2.1. La construcción de una nueva política social para reducir la desigualdad y abatir la pobreza
2.2. Ampliación de la infraestructura social

3. Renovación de la educación, impulso a la cultura y el deporte
3.1. Educación: fundamento del bienestar social
3.2. Impulsar la cultura para fortalecer la identidad nacional
3.3. Políticas públicas para el desarrollo del deporte

4. Salud universal y modernización de la seguridad social 81

5. Desarrollo urbano y vivienda digna para la familia

6. Políticas de Estado para fortalecer y ampliar el desarrollo rural

7. Nuevas oportunidades de desarrollo para las mujeres

8. Nuevas oportunidades de desarrollo para jóvenes

9. Desarrollo y justicia social para los grupos vulnerables

10. Cultura del envejecimiento

11. Infancia y adolescencia

12. Garantizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

III. Nueva política para fortalecer la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho

1. Consolidación de la democracia y la gobernabilidad

2. Seguridad nacional y seguridad pública para la vigencia del Estado de Derecho

3. Modernización del Sistema de Procuración, Administración e Impartición de Justicia

4. Fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos

5. Renovación del federalismo para un desarrollo equilibrado

6. Política integral para el desarrollo de la protección civil

IV. Nueva política exterior para consolidar la independencia y la soberanía en la globalidad

1. Principios y liderazgo en la política exterior

2. América del Norte, corresponsabilidad y equidad

3. Frontera norte, nueva dinámica en la relación con los Estados Unidos

4. Frontera sur y Centroamérica: promover soluciones conjuntas

5. Multilateralismo: cooperación con América Latina, Europa y Asia

Presentación

El Partido Revolucionario Institucional expresa su firme convicción de que la elección federal del 2009 para renovar la Cámara de Diputados será una amplia y consciente consulta popular, para iniciar un proceso orientado a cambiar el rumbo de la nación y configurar gradualmente una nueva vía mexicana para el desarrollo.

Durante los últimos ocho años que corresponden al periodo de la alternancia política en el gobierno federal, los problemas que enfrenta el país se han agravado. Estamos viviendo tiempos de crisis en la política, la economía y en lo social que deben
superarse mediante la acción pública y el esfuerzo social.

La gobernabilidad se ha deteriorado, y se pierde gradualmente la credibilidad en la vida institucional. En la economía, se ha frenado el crecimiento del producto, la generación de empleos y del ingreso y, con ello, se han acentuado la pobreza y la desigualdad.

En lo social, se ha agravado la inseguridad pública y hay una caída en la calidad de los servicios de educación, salud y seguridad social. Gran parte de la ciudadanía coincide en señalar que los gobiernos de la alternancia no han cumplido sus promesas, defraudando las expectativas que generaron, debido a que carecen de la experiencia, creatividad y sensibilidad social que se tenía en el pasado para gobernar.

El pueblo mexicano ha padecido casi una década los efectos de una alternancia ineficaz. Esta circunstancia, la mejor organización partidista, sostener una actitud autocrítica que nos permite superar errores e insuficiencias, ha propiciado el cambio de las preferencias electorales a favor de nuestra organización política prácticamente en todas las elecciones en estados y municipios.

Este reconocimiento a nuestro partido y a los gobiernos locales que llevamos al poder, nos compromete y estimula para seguir impulsando leyes y políticas públicas desde los ámbitos del Poder Legislativo para superar la conjunción de tres crisis: la derivada del colapso financiero internacional; la interna, como resultado del modelo de desarrollo que no permite el crecimiento y la creación de puestos de trabajo; y la que se deriva de la falta de confianza de la sociedad en la capacidad del gobierno para hacer vigente el
Estado de Derecho.

La realidad mexicana, en la que inciden las crisis enunciadas, inhibe las inversiones y afectará los niveles de empleo, aumenta los problemas de emigración y fuga de capital humano al extranjero, de informalidad económica, de pérdida de valores y
desintegración familiar y el incremento de conductas antisociales. Además, lesiona gravemente nuestras capacidades productivas abona terreno fértil para el surgimiento de conflictos sociales.

Los fenómenos negativos hubieran sido más acentuados, debe decirse, si no se hubieran incorporado decisiones como mantener las finanzas públicas sanas, buscar el equilibrio financiero o un déficit financiero bajo, contratar un endeudamiento externo
ajustado a nuestro nivel económico y la muy importante política de contención de la inflación.

Como es usual, ante este panorama, el gobierno muestra que carece de visión y previsión, formula diagnósticos y pronósticos vacilantes, reacciona de manera tardía e ineficiente y se repliega frente a los poderes fácticos.

Por tales razones, nuestra Plataforma Electoral Federal 2009-2012, reitera las propuestas que hemos venido haciendo para atender la emergencia y define la oferta electoral que proponemos a la sociedad mexicana para las elecciones del 5 de julio de
2009.

Frente a la emergencia económica se deben poner en práctica las medidas extraordinarias que el partido está impulsando a través de nuestras fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, pero se requiere también, desde ahora, sentar las bases para la reconstrucción política y económica del país, mediante un proceso de cambios institucionales para establecer una nueva vía mexicana para el desarrollo.

Las medidas para la emergencia que proponemos están orientadas a dar la más alta prioridad a la protección del empleo y el poder adquisitivo de la población, con programas institucionales y estableciendo una coordinación con organismos empresariales y sociales, mediante la suscripción de pactos nacionales y regionales.

De ninguna manera pensamos en que deba regresarse al estatismo de los setentas, no estamos por un Estado propietario sino por uno promotor que estimule la actividad empresarial y regulador del mercado que evite desviaciones, abusos y garantice la libre
competencia.

Para alcanzar este propósito el Estado deberá cumplir sus responsabilidades de rectoría de la economía en beneficio de la población, ejerciendo sus facultades constitucionales para la regulación de los mercados, la reorientación de la política
fiscal, usando el gasto público para reactivar la economía y sustentar el desarrollo social.

Dicha reorientación debe cuidar que el gasto público se destine prioritariamente a la obra pública y la infraestructura productiva, así como a la protección social, frenando la escalada recaudatoria de incrementos a los precios y tarifas del sector público, principalmente de gasolinas, diesel y electricidad.

Igualmente es urgente la reactivación de la economía campesina y el aprovechamiento del potencial agrícola, ganadero, pesquero, silvícola y de pequeñas industrias, abriendo nuevos esquemas de financiamiento, flexibilizando reglas de operación y estableciendo nuevas políticas públicas para mejorar los procesos de comercialización.

Exigiremos ampliar los apoyos a las pequeñas y medianas industrias con políticas de protección al empleo, mediante estímulos fiscales, programas de generación de empleo y capacitación para el trabajo, nuevos financiamientos en condiciones preferenciales
por la banca de desarrollo y a través de pactos de los factores de la producción.

Lo anterior implicará cambiar de manera inmediata las formas de operación del sistema financiero nacional de acuerdo con las transformaciones que están ocurriendo en el ámbito internacional, con objeto de garantizar el uso productivo del ahorro interno y que los intermediarios financieros cumplan con estándares financieros internacionales.

Promoveremos cambios a la política monetaria para alentar la inversión y facultar al Banco de México para que participe en el fomento del crecimiento económico, así como el fortalecimiento de la banca de desarrollo, mediante su capitalización y
participación en el financiamiento de primer piso a los productores industriales y agropecuarios.

Paralelamente a estas medidas de corto plazo para enfrentar la emergencia, iniciaremos un proceso para construir una nueva vía mexicana para el desarrollo que consiste en un conjunto de políticas públicas orientadas a cumplir los objetivos del Proyecto Nacional, reivindicando la rectoría del Estado, renovando el sistema político en los ámbitos de la representación social y del Estado de Derecho.

Se requiere adecuar la economía impulsando una política industrial basada en nuestras ventajas comparativas, para lo cual convocaremos a los empresarios que creen en México, a fin de perseguir competitivamente la recuperación de las cadenas
productivas para ampliar el mercado interno, aumentar los niveles de empleo y la capacidad adquisitiva de la población para redistribuir el ingreso, a fin de propiciar un crecimiento menos dependiente de la evolución de las economías industriales,
especialmente de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esta política industrial tendría que estar ligada a la innovación y desarrollo tecnológico y a la elevación de la calidad de la educación y la salud, como parte de una política social congruente.

En lo económico, revaloraremos el papel del Estado como rector de la economía, con objeto de que cumpla con sus obligaciones constitucionales. No queremos un Estado dueño de los medios de producción, sino un poder que los regule efectivamente. Un
Estado no grande, pero sí fuerte y eficiente. Un Estado que evite los excesos del mercado e impida las concentraciones oligopólicas, que promueva la producción, la productividad y la competitividad y recupere sus atribuciones para fomentar y promover el crecimiento. El capital privado tendrá siempre un papel relevante en el crecimiento económico y el Estado lo impulsará y complementará en los sectores convenientes para el desarrollo del país.

Se trata de crear nuevas reglas, adecuar las instituciones y nuevos servicios públicos, acabar con la simulación, el doble discurso y abatir la impunidad mediante un Estado que impulse los sectores fundamentales mediante la reactivación y vinculación de las
cadenas productivas para detonar el crecimiento del resto de la economía, que transforme el sistema financiero nacional, donde la banca comercial y la banca de desarrollo cumplan efectivamente en apoyar en forma decidida a todos los procesos productivos.

Un Estado que aproveche las ventajas de la globalización y el libre comercio para fomentar el mercado interno en bienestar de la sociedad, sin descuidar el robustecimiento de la planta productiva nacional.

Se debe dar la mayor prioridad a los ámbitos del desarrollo que tienen gran relevancia para sentar las nuevas bases del crecimiento como son: la energía, la industria, los alimentos, la educación de alta calidad, la salud y la seguridad social, y el agua como un recurso escaso y esencial para la vida.

En lo político, impulsaremos la reforma del Estado para garantizar la gobernabilidad, encontrar nuevos equilibrios y contrapesos entre los poderes de la República y nuevas formas de colaboración entre ellos. Debemos ampliar la participación social y de los
actores políticos mediante acuerdos y concertaciones, avanzar en el respeto a los derechos humanos y definir políticas públicas para resolver los problemas fundamentales de la nación.

Buscaremos actualizar y dinamizar el cumplimiento del Pacto Federal para redistribuir el poder político y sus consecuentes económicos y sociales. El sistema de distribución de competencias entre la federación y las Entidades Federativas insoslayablemente debe ser analizado y actualizado materia por materia a efecto de encontrar mecanismos que eviten duplicaciones, determinen responsabilidades, dispongan de los recursos para ejercerlas y puedan ser medidas y evaluadas de manera transparente.

Insistiremos en perfeccionar el sistema electoral con base en las experiencias de las próximas elecciones y contribuir al mejoramiento del sistema de partidos mediante la propuesta de una nueva ley de los mismos, la que necesariamente deberá de
actualizar las formas de encausamiento y garantía de la participación ciudadana.

Pugnaremos también por extender el proceso de reforma del Estado, de las reformas administrativa y política a la reforma de la economía, con el criterio general de que todas las instituciones públicas, privadas y sociales, deben estar al servicio del
desarrollo de la nación y de la sociedad y que, por tanto, se requieren cambios profundos en sus estructuras, modos y reglas de operación para alcanzar el desarrollo pleno con equidad.

Propondremos ponderar la conveniencia de crear un capitulo constitucional referido a la creación organización y funcionamiento de los denominados Organismos Públicos Autónomos.

Debemos dar plena vigencia al mandato constitucional de la planeación democrática del desarrollo, mediante la recuperación del sistema nacional de planeación con una amplia participación social y propiciando que el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales correspondientes sean analizados, discutidos y aprobados con la participación del Congreso de la Unión.

De esta manera estaremos contribuyendo no sólo a resolver los problemas de la economía, sino a crear mejores condiciones para evitar la agudización de una crisis de seguridad pública nunca antes vista en tiempos de paz, ya que ahora ambos problemas
constituyen las principales amenazas a la seguridad nacional y legítimos motivos de preocupación de la sociedad mexicana.

Nuestra seguridad nacional se ve amenazada por el insuficiente crecimiento económico y la falta de empleos, el uso inadecuado del agua y otros recursos naturales; por los efectos del cambio climático global, y también por el crimen organizado y el narcotráfico con su secuela de delitos del orden común como homicidios, secuestros, extorsiones, robos y la creciente impunidad con la que operan los delincuentes.

En este sentido es importante reconocer el papel relevante que el Ejército y la Armada de México están desempeñando en la lucha contra el crimen organizado, no obstante que carecen de los recursos jurídicos, financieros y tecnológicos suficientes para este
combate.

Ante esta situación y para fortalecer la seguridad nacional de México, continuaremos promoviendo una política integral de seguridad pública y justicia penal que atienda simultáneamente las causas estructurales y coyunturales de la incidencia delictiva.

Habremos de perseverar en el impulso a la modernización de la legislación en materia de justicia, a nivel nacional y estatal y apoyando la rápida implantación de los juicios orales para dar transparencia al trabajo del ministerio público y de los jueces, así como a las nuevas normas para reorganizar a todos los cuerpos policíacos.

Consideramos que debe evaluarse la conveniencia de dotar de autonomía al ministerio público.

Continuaremos proponiendo reformas a la Ley de Seguridad Nacional con el fin de que, además de regular las actividades del organismo de inteligencia del gobierno, norme también las actividades de todas las entidades públicas civiles y militares que realizan actividades de inteligencia para mitigar los riesgos y amenazas a la seguridad del país y a su existencia como nación independiente y soberana.

En este contexto coadyuvaremos desde el ámbito legislativo en la definición de una estrategia de seguridad nacional y un programa de mediano plazo con una agenda nacional de riesgos, para lo cual impulsaremos la consolidación de la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional con objeto de que la representación nacional pueda analizar y evaluar las actividades que realiza el Poder Ejecutivo en esta materia.

Asimismo, impulsaremos el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mediante medidas legislativas y políticas públicas que contribuyan a mejorar su trabajo cotidiano.

También promoveremos el mejoramiento de sus actividades de inteligencia, para lo cual se requerirá apoyarlas en la capacitación de recursos humanos y en la modernización tecnológica.

Igualmente, estimamos oportuno evaluar la conveniencia de organizar la Guardia Nacional como un organismo orientado a contribuir con las fuerzas policíacas a la prevención del delito y garantía de la seguridad y la paz pública, y podría realizar
funciones de protección civil que hoy ejercen las Fuerzas Armadas, siguiendo los ejemplos de organización y funcionamiento que más convengan al país.

Asimismo, consideramos necesario el establecimiento del Servicio de Guardacostas en la Secretaría de Marina, con la finalidad de que el Estado mexicano ejerza plena soberanía en nuestro mar territorial y brinde protección a la zona económica exclusiva,
dado que es la única autoridad federal con presencia en esas aguas marinas limítrofes.

Promoveremos de igual manera la formulación y ejecución de programas regionales de desarrollo económico y social en las zonas de mayor incidencia en la siembra y tráfico de narcóticos, donde los cárteles de las drogas están afectando las garantías
individuales de derecho a la vida, de libre tránsito, de libertad de expresión y otras.

Es indispensable garantizar la jurisdicción de los tres órdenes de gobierno en todo el territorio nacional. Creemos que tiene la mayor importancia avanzar en la colaboración bilateral y multilateral con los Estados Unidos y con los países latinoamericanos para enfrentar las amenazas y riesgos del crimen organizado y del narcotráfico que opera a nivel intercontinental, tanto para el trasiego de drogas por nuestro país, como por la incidencia del consumo de narcóticos en los Estados Unidos y por el ingreso masivo de
armas a nuestro país. Una agenda binacional que integre las prioridades que para una relación armoniosa y constructiva plantean ambos países, resulta de la mayor importancia, y el Estado mexicano deberá negociar internacionalmente ejerciendo su
capacidad y rango de Estado soberano.

En otro rubro, exigiremos una política social de Estado dirigida a dar cabal protección a los derechos sociales que consagra la Constitución, a modificar las formas en que se combaten la pobreza y la desigualdad, a impulsar la equidad de género, dar vigencia a las normas constitucionales para los indígenas y reordenar los programas de apoyo para los grupos vulnerables.

Es necesario impulsar una política social con visión de largo plazo fincada en una robusta estructura de empleos formales, que se constituya en el eje del combate a los rezagos en educación, salud, seguridad social y vivienda, que impiden la formación del
capital humano necesario para acceder a la sociedad de la información y el conocimiento y hacer de México un país competitivo.

En el ámbito social la educación es el factor estratégico para la formación del capital humano necesario para una inserción de México en la globalización y en la nueva sociedad del conocimiento.

El esfuerzo por mejorar la calidad educativa, y porque exista pertinencia entre la formación de los educandos y las perspectivas de desarrollo regional y de actividades estratégicas, es crucial para el país. Un factor estratégico, en la era del conocimiento, es impulsar una política de ciencia y tecnología, que favorezca la competitividad y nuestra inserción en el mundo del aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos en favor del bienestar social, la eficacia logística, la protección medioambiental y la productividad.

En cuanto a la protección de la salud consideramos que debe tener una cobertura universal y una mayor calidad de sus servicios. Pugnaremos por ampliar la cobertura de la seguridad social y propondremos articular la normatividad de los sistemas nacional de salud y seguridad social con las de los sistemas estatales y municipales en la materia, para exigir elementos y prestación de servicios de calidad uniforme.

México no puede aspirar al desarrollo sustentable y a una planta productiva altamente competitiva ni mucho menos a una población con salud y bienestar sin que se tenga el cuidado de la sustentabilidad del agua, que ha devenido en un asunto de seguridad
nacional para lo cual promoveremos la creación de una cultura superior del cuidado y uso racional del agua.

En materia de política exterior, la prioridad es reactivar una política que reafirme nuestra soberanía e independencia, con la finalidad de participar activamente en la conformación de un nuevo orden financiero, comercial y económico internacional,
actualizando nuestras relaciones con los Estados Unidos y Canadá, dándole la más alta prioridad a nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, principalmente con América Central y los países caribeños con los que recomendamos multiplicar nuestra cooperación; y acrecentando nuestros vínculos con la Unión Europea, la Región Asia-Pacífico y países estratégicos de África, así como una activa participación en los organismos y foros multilaterales.

Estas son algunas propuestas de nuestra plataforma que tiene como hilo conductor la Declaración de Principios y el Programa de Acción del Partido, actualizados en la XX Asamblea Nacional del Partido y que conforman el proyecto de gobierno de quienes sí
conocemos el país y sí sabemos cómo resolver sus problemas, incluyendo los que plantea la coyuntura crítica, para cumplir con los objetivos establecidos en nuestra Carta Magna.

Aspiramos, con esta plataforma electoral a conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados e influir en la elaboración de leyes y de políticas públicas y su evaluación para impedir un mayor deterioro económico y social. Haremos valer nuestra capacidad y fuerza política para evitar daños mayores a los niveles de vida de la población y a la integridad de la República.

En este año se presenta la oportunidad de asumir la decisión de elegir entre continuar con la secuela del deterioro en todos los órdenes, o de elegir por la transformación, que requiere adecuar el modelo y el cambio de políticas para el desarrollo con equidad.
La elección federal del 2009 es una oportunidad excepcional para que los electores, evaluando objetiva y serenamente el resultado de la alternancia y teniendo a la vista todas las ofertas políticas de los diferentes partidos, emitan su voto con plena
conciencia de la necesidad de resolver la grave situación del país.

Nuestra oferta electoral asume un compromiso de lucha, de combate, frente a los desafíos de toda la problemática nacional. Lo hace por los intereses nacionales y populares que representa, porque aspira a fortalecerse como el partido político mayoritario en el país para mejor representarlos, defenderlos y acrecentarlos.

Hemos conformado nuestra oferta en esta Plataforma Electoral Federal 2009-2012, con las aportaciones de los militantes y simpatizantes del partido a lo largo y ancho del país. Es una propuesta que será enriquecida con los planteamientos y debates que se susciten a lo largo de las campañas electorales, con objeto de elaborar la agenda legislativa que impulsarán nuestros diputados en la LXI Legislatura.

Nuestro partido lucha por recuperar el poder político a partir de establecer un compromiso con la sociedad mexicana en su conjunto, con sus electores, con las mayorías populares, y a través de la nueva vía mexicana para el desarrollo, de construir juntos con esfuerzo, dedicación y entereza, una nueva sociedad donde impere la libertad para el hombre, la justicia para el pueblo y la soberanía para la nación.

I. Nueva política económica para el crecimiento, el máximo empleo y salarios dignos

La definición de una política económica para el futuro, requiere examinar la política económica del pasado, particularmente la aplicada en las últimas dos décadas, cuando se estableció una serie de medidas que pretendieron fortalecer el crecimiento a través de la privatización y de la liberalización; la ampliación del papel de los mercados y la disminución del papel del Estado en la economía para buscar resolver los desequilibrios de las finanzas públicas sin adoptar estrategias para minimizar el impacto en los grupos más afectados por dichas medidas.

Igualmente esa política económica buscó el fortalecimiento de la autorregulación y la disminución de la intervención estatal, la apertura de los mercados y su vinculación más estrecha con los internacionales, el control de la inflación y el aumento de la inversión privada nacional y extranjera con objeto de incrementar la producción, la productividad y la generación de empleos formales, sin regular eficazmente monopolios y oligopolios.

Aunado a ello, se descartó una estrategia de fomento y respaldo a la pequeña y mediana industria, y a ramas tradicionales de la actividad económica en el país, que al no ser competitivas en las nuevas condiciones, fueron avasalladas en el nuevo entorno, sin preparar fórmulas o mecanismos que les apalancaran y permitieran modernizarse.

Los resultados de esta política están a la vista: un reducido crecimiento económico; una concentración de los beneficios en pocos sectores; el crecimiento relativo del sector terciario de la economía; insuficiente generación de empleos en el sector terciario mal remunerados; un retroceso a nivel internacional de la productividad y una mayor dependencia del exterior por la vía de las exportaciones petroleras, las remesas del exterior y flujos de capital especulativo.

Asimismo, se ha creado un sistema de pagos ineficiente y en manos extranjeras, que crece al amparo de una falta de regulación y de medidas fiscales que graven sus ganancias excesivas producto de elevadas tasas de interés y comisiones; una economía desequilibrada sectorial y geográficamente; una concentración de la producción regional y de los destinos de las exportaciones; una mayor centralización de la producción, generando estructuras oligopólicas en los sectores de nuestra estructura productiva y una economía cada vez menos competitiva en el escenario internacional.

Esta realidad nacional es resultado también de un modelo económico internacional que se caracteriza por la formación de redes comerciales y la vinculación de procesos productivos a lo largo del planeta, definida bajo el concepto de globalización. Sus efectos han profundizado las asimetrías entre países ricos y pobres generando la percepción cada vez más generalizada de que las ventajas que representa entrañan también severos riesgos para la comunidad de naciones.

Esta situación se agrava por la crisis financiera y económica global, que está obligando a todos los países a la implantación de reformas a sus sistemas financieros, comerciales y económicos, y a establecer nuevos acuerdos y protocolos internacionales. La crisis recrudece los problemas de los países emergentes y en vías de desarrollo e incluso pone en peligro su estabilidad.

El PRI siempre ha sido responsable de sus actos y practicado la autocrítica para superar fallas y aprovechar las experiencias para evolucionar a otras etapas de desarrollo. Así sucedió cuando se agotó el modelo de sustitución de importaciones, el desarrollo estabilizador y las circunstancias nacionales e internacionales dieron pie a un intenso proceso de globalización derivado de nuevos paradigmas de libre mercado.

Ahora se han hecho evidentes las fallas del modelo vigente, reconocidas por todos, principalmente en la capacidad de autorregulación del libre mercado, sobre todo en la incapacidad para resolver problemas sociales como la redistribución del ingreso y la erradicación de la pobreza.

Nuestro país está inmerso en esta crisis débilmente posicionado debido a que el modelo de desarrollo no está funcionando. Hace falta corregir y reorientar las acciones. Se requieren nuevas bases, correlacionadas con las nuevas circunstancias globales, para relanzar el desarrollo nacional e impulsar un nuevo ciclo de transformaciones capaz de generar una nueva vía mexicana del desarrollo.

No buscamos regresar al estatismo de la década de los años 70; pugnamos por revalorar el papel del Estado en la economía, por que sea un Estado moderno, promotor y regulador de las fuerzas del mercado, que apoye y complemente la iniciativa de los particulares, se fortalezca el mercado interno y se aprovecha la globalización y el libre comercio en beneficio de la sociedad.

Queremos aprovechar lo positivo de las políticas aplicadas hasta ahora, por ejemplo: mantener finanzas públicas sanas, sin que esto vaya en detrimento de la capacidad promotora del Estado; asegurar un endeudamiento externo acorde con el nivel de nuestra economía; evitar vivir con la inflación, ya que constituye el impuesto más regresivo, atentatorio contra el nivel de vida de los más desprotegidos; entre otros.

1. Revaloración del Estado, adecuada regulación del mercado, alianzas estratégicas con los sectores productivos, inserción positiva en la globalidad.

A partir del primer tercio del siglo XX, la política económica y social del país, se propuso el crecimiento con justicia social, el aprovechamiento sustentable del potencial productivo, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, la participación complementaria de la inversión extranjera con la rentabilidad correspondiente y relaciones económicas con el exterior mutuamente provechosas. Así, el Estado fue responsable de diseñar e implementar esta política y de vigilar y conducir el desarrollo económico y social.

En este contexto, durante varias décadas nuestro país tuvo un desarrollo sustentado básicamente en el mercado interno. Esta política cambió en los años ochenta ante un intenso proceso de globalización de la economía derivado de nuevos paradigmas de libre mercado y del crecimiento acelerado de conocimiento y su aplicación a la generación de bienes y servicios. La interrelación e interdependencia de todo tipo, configuró una sociedad mundial que reacciona y acciona en forma simultánea, principalmente en materia financiera y tecnológica.

En los últimos años, la política económica impulsada por el consenso de Washington de apertura comercial indiscriminada, privatización de empresas e instituciones públicas, y de desregulación abierta de los mercados, sin acompañarlas de medidas de largo plazo para compensar a los afectados por dichas políticas o para promover su conversión productiva, han originado un desarrollo desigual, que concentra ingreso y riqueza y que ha rebasado las normas, las regulaciones y las instituciones existentes.

Lo anterior ha debilitado también las variables fundamentales de la actividad económica: inversión, empleo, producción, productividad y competitividad, provocando una mayor polarización de la riqueza y del ingreso, y el descenso de los niveles de eficiencia de la economía, en relación a otros países. La perspectiva económica es a un mayor deterioro por causa de la actual crisis financiera internacional provocando la mayor recesión de los últimos ochenta años.

Nuestro país ha participado en la globalización, dentro de un proceso de fuerte dependencia con los Estados Unidos, país al que enviamos tres cuartas partes de nuestras exportaciones y del cual proceden la masa principal de las importaciones, el turismo y la inversión extranjera directa y las remesas. Esta fuerte interacción de la economía mexicana determina su orientación y crecimiento en función de las tendencias de la economía del país vecino. Dada la desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana, la nuestra ha seguido la misma suerte, afectando a la mayoría de la población mexicana.

La crisis financiera extendida desde los Estados Unidos prácticamente a todo el mundo ha impactando a todos los países con diversos grados de intensidad. La burbuja crediticia inmobiliaria generada a partir de hipotecas de baja calidad, la falta de regulación estricta de los mercados financieros y el exceso de liquidez de los mercados, entre otras, constituyen algunas de las causas de la crisis que ya se propagó a la economía real, mediante la reducción de crédito que afecta la inversión, el empleo y la producción en todo el mundo.

También ha evidenciado fracasos de empresas aseguradoras y calificadoras, de regulaciones, del liderazgo empresarial, de la gobernabilidad corporativa y de la administración de riesgos ante la búsqueda de ganancias especulativas. Ha habido grandes pérdidas mundiales de ahorros para pensiones y retiros. Ha fracasado la hipótesis de la capacidad de regulación automática del libre mercado.

Hay una aguda contracción de la economía mundial que persistirá en el mediano plazo y una recesión coyuntural en algunas economías avanzadas. Algunos países emergentes que evitaron la exposición de su sistema financiero y que han fortalecido su mercado interno, como China e India se han visto menos afectados. Las causas de la recesión y la falta de crédito por la pérdida de confianza afectarán la inversión y el flujo de capitales internacionales.

PROPUESTA

Revaluar al Estado en su condición de rector y promotor de la economía nacional, como lo establece la Constitución de la República, con objeto de que garantice el dominio de la nación sobre los recursos naturales; la coexistencia armónica y complementaria de los sectores público, social y privado; con capacidad de imponer a la propiedad privada, si así lo requieren las circunstancias, las modalidades que dicte el interés público; y responsable de vigilar que ningún sector o grupo social se beneficie en detrimento de la población o que anteponga sus intereses a los de la nación.

Fortalecer la capacidad del Estado en materia de regulación, arbitraje y mediación del proceso económico entre factores de la producción, en beneficio de la mayoría de la población, con capacidad de promover y defender los intereses de nuestros sectores económicos ante la competencia desleal en el escenario internacional. En síntesis, un Estado que actúe como mecanismo de orientación del mercado.

Propiciar que el Estado cumpla estrictamente lo dispuesto por la Constitución para garantizar que el desarrollo nacional sea integral, fortalezca la soberanía de la nación, con la finalidad de que el crecimiento y el empleo conduzcan a una justa distribución de la riqueza, la aplicación plena de los derechos sociales y, en coordinación con el sector social y privado, impulse y organice nuevas áreas para el desarrollo tales como las telecomunicaciones, las energías alternativas, la biotecnología, entre otras, además de fortalecer las regiones en forma armónica y sustentable.

Privilegiar el desarrollo integral, mediante una mejor articulación del sector energético con las actividades estratégicas y las industrias básicas; las cadenas productivas de bienes intermedios, de capital y de consumo de alta demanda nacional; y un proceso jerarquizado de importaciones para apoyar e inducir un desarrollo pleno y duradero de la planta productiva y el mercado nacional.

Proponer en foros internacionales la creación de un nuevo orden económico internacional, en finanzas y comercio, que regule los desequilibrios de la globalización e impulsar el multilateralismo para facilitar nuevas relaciones económicas, comerciales y financieras entre los grandes bloques de países como la Unión Europea, APEC y UNASUR, así como con otros países emergentes de Europa, Asia y en vías de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Impulsar políticas para diversificar nuestras relaciones económicas internacionales; formar y capacitar capital humano; modernizar instituciones y empresas para acceder al conocimiento, a la información, a la investigación científica y a la innovación tecnológica con objeto de generar conocimientos, como condición ineludible para participar y competir exitosamente en el proceso de globalización.

Aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización para implantar un modelo de desarrollo nacional que cumpla con tres condiciones básicas: tener sustento ecológico, viabilidad económica y asegurar bienestar y justicia social a los mexicanos.

Para ello es necesario retomar políticas públicas que apoyen el desarrollo del mercado interno y la expansión de los sectores productivos del país.

Revisar las políticas relacionadas con el comercio exterior, particularmente la arancelaria, para que tengan objetivos claros de fomento a la competitividad, el apoyo y defensa legal de los sectores productivos nacionales frente a conductas comerciales proteccionistas, triangulaciones y prácticas comerciales indebidas y propicie la apertura de mercados con criterios de prioridad a los productores mexicanos.

Reforzar nuestros sectores estratégicos y valorar las áreas de oportunidad e innovación que tiene el país de acuerdo con sus condiciones geográficas: recursos naturales, recursos humanos, infraestructura e estructura productiva, incluyendo la mejor integración y articulación de la industria exportadora, y la satisfacción por parte de industrias locales competitivas, de la demanda del mercado interno.

Reconocer la necesidad de un nuevo rumbo económico, que derive de una evaluación crítica y objetiva, tanto de las ventajas como de las desventajas del actual modelo económico y de su necesaria adaptación a las nuevas condiciones y retos internacionales que enfrenta la nación en el siglo XXI.

2. Crecimiento económico, productividad, competitividad y empleo

FUNDAMENTO

La evolución de la economía a partir de la crisis de mediados de los años noventas, no respondió a las expectativas. En el periodo que va de 1994 al año 2000, el producto creció a una tasa media anual de 3.4 por ciento a precios constantes, en tanto en el periodo de la alternancia del 2001 al 2007, la tasa se redujo a 2.8 por ciento, o sea que disminuyó 0.5 por ciento anualmente lo que acentuó la desigualdad y la pobreza.

Esta tendencia se agravó en el sector industrial cuyo crecimiento se redujo sensiblemente de 4.6 por ciento en el periodo 1994-2000 a 1.9 por ciento en el periodo 2001-2007, lo que propició el incremento de la terciarización de la estructura económica al aumentar la participación de los servicios de 3.0 por ciento a 3.5 por ciento en el periodo, lo que aumentó a 41 por ciento la población dedicada a esas actividades del sector servicios, sobre todo el informal.

En el periodo de la alternancia, las exportaciones redujeron su dinamismo a la mitad, pese a las favorables exportaciones petroleras y, en consecuencia, la oferta interna decreció en 4.6 por ciento puntos del PIB, lo que se compensó elevando las importaciones de bienes de consumo, a costa de la reducción de las importaciones de bienes intermedios y de capital en alrededor de 40 por ciento.

Por otro lado, en los mismos periodos de comparación, la inversión extranjera directa creció, en términos absolutos, casi el doble, al pasar de 79 a 155 mil millones de dólares, pero sin que se tuvieran resultados favorables en el crecimiento interno y en el empleo por la elevada proporción, en el último período, en servicios financieros (banca y bolsa) y en la compra de activos nacionales.

Algunas causas que explican la baja tasa de crecimiento son el reducido gasto público como porcentaje del PIB, dada una deficiente carga fiscal que equivale a dos quintos del promedio de la carga fiscal de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, la inversión privada se contrajo debido a una inadecuada asignación del ahorro interno. La inversión pública explica el 80 por ciento del incremento de la inversión total.

También es causa del bajo crecimiento la declinación de la productividad, que según la OCDE, disminuyó de 1.9 por ciento en el periodo 1995-2000 a 0.5 por ciento en el lapso de 2001-2005, en tanto que en los países miembros de esa organización el promedio fue de 2.2 por ciento y 1.8 por ciento en los mismos periodos. En Estados Unidos en ambos periodos fue de 2.2 por ciento y en Corea 4.7 por ciento.

Tal tendencia de la caída de la productividad obedece a múltiples factores, entre ellos los altos precios de insumos productivos básicos, sobre todo energéticos, la falta de innovaciones tecnológicas y de capacitación del trabajo, la baja calidad de la educación, el descuido de los niveles salariales y de los servicios de protección de la salud y de seguridad social de los trabajadores y de la población en general, la insuficiente infraestructura económica y social, y las deseconomías de la aglomeración en las crecientes zonas metropolitanas.

Los problemas enunciados han incidido en la pérdida de competitividad en relación con otros países, o sea la capacidad para atraer inversiones y empleo al territorio nacional. Igualmente han incidido en este fenómeno la debilidad del marco jurídico, la inseguridad, la baja calidad educativa y de los servicios de salud y la rigidez del mercado laboral, así como los precios de los insumos energéticos.

En efecto, en el periodo de la alternancia política la tendencia a la baja de la competitividad nacional ha sido constante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la competitividad de México pasó del lugar 32 en el año 2000 al 60 en el 2008, entre 134 países, lo que representa una pérdida de 28 lugares en 9 años y una calificación de 4.2, menor que Chile, Panamá y Costa Rica. En tanto que otras economías emergentes como las asiáticas han avanzado considerablemente en el ranking mundial.

Para el Foro, México tiene un excelente tamaño de mercado (lugar 13) y una estabilidad macroeconómica aceptable (35), pero no contamos con capacidad de aprovechamiento por la baja capacidad institucional (85), baja infraestructura (61), mala educación superior y capacitación (72), falta de mercados eficientes (61), rígido mercado laboral (91), mercado financiero (67), disposición tecnológica (60), negocios (54) y capacidad de innovación.

En lo que se refiere a la competitividad entre las entidades federativas, los indicadores muestran que se mantiene un patrón de desarrollo regional desequilibrado, en virtud de que históricamente los esfuerzos de gasto público y de inversión privada se orientaron hacia los estados del Norte, seguidos por los del centro occidente y finalmente a los ubicados en el Sur-Sureste del territorio.

De acuerdo con datos del IMSS, en la presente década sólo se han creado 200 mil empleos cada año. Actualmente la tasa de desempleo es del 4.14 por ciento con tendencias a aumentar por la crisis económica. La situación actual de los trabajadores es en muchos casos precaria: el 21 por ciento labora sin salario, otro 39 por ciento no tienen seguridad social y uno de cada tres laboran en la informalidad.

Adicionalmente el lento crecimiento económico ha propiciado el aumento del fenómeno de la informalidad, la cual se estima en más de una tercera parte de la actividad económica comercial, con los severos perjuicios que continuará ocasionando a la seguridad social, a la protección de los derechos laborales y al sistema fiscal.

Es cierto que en los últimos tres lustros se lograron equilibrios macroeconómicos con una política monetaria que disminuyó la inflación a niveles de 3 por ciento a 6 por ciento, se redujo sensiblemente el déficit fiscal y se obtuvieron finanzas equilibradas, pese a los sesgos contables derivados de las formas de financiamiento de los proyectos de energía, pero todo ello tuvo como resultado la estabilidad sin crecimiento.

PROPUESTA

Atender la emergencia económica combatiendo la recesión con el objetivo prioritario de proteger el empleo y el poder adquisitivo de la población, mediante programas anticíclicos, generadores de empleo y de apoyo a productores del sector rural y a PYMES, impulsando pactos nacionales y regionales entre asociaciones empresariales, sindicales y organizaciones de productores para la defensa de los puestos de trabajo, la planta instalada y la producción.

Convocar a un Acuerdo para el Desarrollo Nacional a los órdenes de gobierno, a las cámaras de diputados y senadores, a los sectores de la producción, a las empresas, a los sindicatos obreros y las organizaciones campesinas, a instituciones académicas y de investigación y a la sociedad civil, para que en base a un diagnóstico de la problemática nacional, se propongan políticas públicas para establecer un nuevo rol para el Estado y un nuevo modelo de desarrollo.

Establecer compromisos mediante el Acuerdo para que la nueva política económica tenga como objetivo proteger el empleo y los derechos sociales de los mexicanos, adecuando instituciones, programas, estrategias y acciones que atiendan a la coyuntura y sienten las bases para un nuevo dinamismo de la economía nacional y para fortalecer el desarrollo social.

Debatir previamente a la suscripción del Acuerdo las medidas que se consideren indispensables para cumplir con sus objetivos en foros nacionales y estatales en los que se consideren todas las propuestas de las instituciones y sectores involucrados y de esa manera se logren consensos para poner en marcha el Acuerdo. El mismo deberá contener políticas públicas claras, precisas y evaluables y compromisos de los sectores privado y social, así como objetivos mesurables, plazos y responsabilidades para su cumplimiento.

Impulsar mediante el acuerdo un cambio profundo en la política económica, para que el país esté en mejores condiciones de alcanzar el desarrollo sostenido con equidad y una mejor inserción en la globalidad. Para llevar adelante esta iniciativa es necesario cambiar gradualmente el modelo económico vigente que ha cancelado las posibilidades de que la economía crezca a tasas suficientes para satisfacer las demandas de empleo, ingreso y bienestar.

En esta etapa, es indispensable promover el enfoque del desarrollo regional. Se debe impulsar la realización de programas de desarrollo regional y metropolitano según sea el caso, con planes anuales y multianuales que incluyan temas referentes a la inversión pública, el marco regulatorio, la competitividad, el empleo, la educación y el medio ambiente, entre otros.

A partir del reconocimiento de que hay una evidente crisis política y económica que ha llevado al país a una difícil situación para la gobernabilidad y el crecimiento, crear condiciones para que el Estado recupere su capacidad de promoción del desarrollo.

Este nuevo rol permitirá dinamizar el mercado interno para evitar que se agudicen la desigualdad y la pobreza y aprovechar todo el potencial productivo del pueblo mexicano.

Desarrollar las condiciones para establecer en forma deliberada nuevas políticas agropecuarias, forestal, pesquera, industrial y de servicios, orientadas a desarrollar el mercado interno, fortaleciendo la articulación del sector exportador con el resto de la economía, aumentar la productividad y alcanzar mayores niveles de competitividad, utilizando toda la capacidad del gobierno en los ámbitos de la inversión y de las decisiones administrativas, en la reorientación del sistema financiero hacia la promoción del crecimiento.

Promover una economía que procure colaboración e interdependencia entre los sectores productivos; elevando el nivel de articulación complementaria entre lo rural y urbano, así como la elaboración de bienes de consumo y bienes intermedios, a partir de una estrategia de promoción industrial consensuada por los agentes económicos.

Fomentar políticas que promuevan la incorporación de mayor valor agregado nacional a la oferta exportable y la diversificación de mercados externos.

Impulsar programas de desconcentración industrial para el mejor aprovechamiento del potencial productivo y de mercado de las regiones, mediante la creación de clustler empresariales, que incentiven la dinámica económica estatal, regional y nacional, restableciendo cadenas productivas en beneficio del mercado interno y de mejores equilibrios entre las entidades federativas y los municipios.

Fortalecer el marco jurídico de la Comisión Federal de Competencia, para lograr una mejor regulación y eficiencia de los mercados, con objeto de eliminar los obstáculos al desarrollo que constituyen las actividades monopólicas u oligopólicas.

Asimismo, exigir a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la supresión y simplificación de normas y disposiciones administrativas sin sustento jurídico o que son poco transparentes o que inhiben o dificultan el crecimiento de un sector o de una actividad. En efecto, es fundamental avanzar en las acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa para hacer más eficiente la regulación vigente y eliminar la discrecionalidad de la autoridad y el exceso de trámites que inciden negativamente en la actividad empresarial, inhiben la inversión y afectan la competitividad de las empresas.

Propiciar que los trámites de apertura de empresas en cada una de las entidades federativas y en los municipios se evalúen por parte de cada una de las legislaturas locales, con objeto de permitir la instalación de negocios de acuerdo a la vocación productiva de cada una de las regiones y se fomente la generación de empleos, particularmente en las zonas de menor desarrollo relativo.

Reformar el marco legal para cambiar la orientación del financiamiento al desarrollo, con objeto de apoyar políticas sectoriales enfocadas al crecimiento económico regional y nacional, permitiendo la creación y/o ampliación de empresas que generen el máximo empleo en beneficio de las familias mexicanas.

Dar prioridad al impulso de inversiones públicas y privadas en la construcción de infraestructura económica o de capital social básico en las regiones y estados con mayores rezagos e inequidades sociales, para crear las condiciones de un crecimiento regional sostenido al lograr mejores enlaces territoriales para un aprovechamiento integral de los recursos naturales y humanos.

Respaldar todas las medidas orientadas a resolver la grave crisis de inseguridad pública que, además de afectar a personas y familias, daña sensiblemente a la economía porque inhibe las inversiones y las actividades productivas, tanto en lo que se refiere al clima de incertidumbre, como al robo de mercancía en asaltos a las empresas y vehículos de transporte, además del contrabando y la piratería.

Fortalecer iniciativas orientadas al desarrollo de emprendedores, en coordinación con instituciones de fomento y educativas públicas y privadas, organismos empresariales, sobre todo, en áreas de innovación como las ya señaladas en el campo de la biotecnología, telecomunicaciones, robótica, energía, de la genómica, entre otras y apoyar la estandarización y certificación de procesos y sistemas de calidad en las empresas, con énfasis en las PYMES, así como mecanismos para premiar a las que logren incrementar su productividad y competitividad.

Impulsar incubadoras de empresas especializadas en tecnologías de la información, partes automotrices y electrónicas, así como de otras actividades económicas de punta, mediante la asesoría de la banca de desarrollo en materia de investigación de mercados, financiamiento, tecnología y comercialización.

Asegurar que la modernización de los sistemas de telecomunicaciones, digitales y telefónicos, beneficie no sólo a los grandes asentamientos urbanos, sino a las comunidades rurales con la finalidad de que se constituya en un instrumento que coadyuve a mejorar el acceso de todos los mexicanos a las ventajas de estos sistemas como medios de integración a la era de la información y el conocimiento.

Auspiciar la modernización de la infraestructura y el equipamiento urbanos, mejorando la pavimentación, el alumbrado público, drenaje sanitario, sistemas de tratamiento, destino de desechos y transporte público con el objeto de que el entorno social y familiar en las zonas urbanas eleve su nivel de calidad y garantice un desarrollo sano y seguro para todos sus habitantes.

Promover nuevas acciones públicas para la ciencia e innovación tecnológica con opiniones de científicos e instituciones públicas y privadas, para establecer una agenda de reformas legales que den sustento y permitan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, promoviendo además un soporte presupuestal y fondos suficientes que aseguren su continuidad en el largo plazo.

Fomentar el otorgamiento de estímulos fiscales a empresas capacitadoras e innovadoras de fuerza de trabajo, productos y procesos y las amigables con el ambiente, con un enfoque de valor y estimular la vinculación y transferencia de conocimiento de las instituciones de educación superior y centros de investigación hacia los sectores productivos.

Impulsar la creación de empleos particularmente para los jóvenes. Para ellos la educación y el empleo van de la mano. Esto significa vincular los planes de educación con los planes de desarrollo y de modernización de la economía. Becas, capacitación, actualización y calificación, son diferentes aspectos de una misma solución para que los jóvenes de México se queden en México y contribuyan a hacer su país más grande, más fuerte y más justo.

Exigir que el gobierno, a través de sus instancias laborales, revise el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas, de conformidad con el artículo 123 constitucional y estar atentos para evitar que se vulneren los derechos que históricamente ha conquistado la clase trabajadora, atendiendo las condiciones del entorno que requieren de propuestas innovadoras en materia de capacitación y desarrollo humano, de seguridad e higiene laborales y de nuevas actividades productivas, así como para fortalecer políticas afirmativas de género y de protección a menores, personas con discapacidad o adultos mayores. Toda propuesta legislativa de carácter laboral, deberá ser consensada con el Sector Obrero del Partido.

Propiciar la recuperación del salario, la dignificación del trabajador y la contratación colectiva, para evitar la informalidad de la contratación temporal que impide al trabajador tener derechos a cambio del trabajo realizado y en los servicios públicos reconocer el derecho de los trabajadores a tener plazas de base y fortalecer y respetar el servicio público profesional.

Reivindicar la contratación colectiva, el derecho de huelga, la participación de las organizaciones sindicales en las instancias tripartitas y el derecho de libre asociación sindical con mecanismos de lucha que preserven su vigencia.

Es fundamental que el régimen laboral de los jornaleros agrícolas de las empresas agropecuarias, agroindustriales y de las actividades agrícolas, grandes y medianas, no sea de excepción, por lo que se promoverán las reformas pertinentes para garantizar su acceso al trabajo en condiciones de justicia y respeto a sus derechos laborales y humanos. De igual manera es necesario legislar para modernizar las relaciones laborales en el trabajo doméstico.

Nos pronunciamos enérgicamente en contra de la explotación del trabajo infantil.

Pugnaremos porque se establezcan mecanismos de evaluación del cumplimiento de las normas establecidas en los Acuerdos Internacionales de la OIT, que han sido suscritos por México.

Apoyar acciones para el desarrollo del sistema nacional de capacitación permanente del trabajo con la participación de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones empresariales y laborales, en la industria y en el sector agropecuario, así como de las instituciones de educación media superior y superior, con el fin de contar con capital humano calificado y bien remunerado.

Ante la emergencia económica, promover programas de seguro de desempleo temporal que protejan el ingreso de los trabajadores y que fomenten su capacitación y rápida reinserción al aparato productivo, privilegiando siempre la creación de empleos permanentes.

3. Renovación de la política para el financiamiento del desarrollo

FUNDAMENTO

La política de financiamiento del desarrollo es un instrumento fundamental para el crecimiento con equidad. Es una variable transversal que debe garantizar los recursos fiscales y el financiamiento para las actividades económicas. De su orientación y eficiencia depende en buena medida el desarrollo nacional.

En los últimos tres lustros esta política ha logrado equilibrios macroeconómicos importantes en lo relativo al control de la inflación y al déficit fiscal, pero no ha sido suficiente para estimular el crecimiento económico y propiciar el desarrollo social. Por esta razón demandamos una revisión de nuestra política hacendaria y de las formas en que los intermediarios financieros canalizan el ahorro interno.

La política hacendaria enfrenta dos problemas básicos. Por el lado de los ingresos mantenemos una reducida tasa de recaudación. En los últimos 15 años los ingresos presupuestarios solamente han aumentado 1.1 por ciento del PIB, lo que muestra la fragilidad del sistema tributario para recaudar. Esto se debe a que la estructura fiscal privilegió los impuestos al ingreso, no logró ampliar el número de contribuyentes, y que persisten elevados niveles de evasión y elusión fiscal por el exceso de tratamientos preferenciales en todo el ciclo de la actividad económica.

Los ingresos tributarios del Gobierno Federal han disminuido como porcentaje del PIB, en tanto que han aumentado notoriamente los no tributarios. Este crecimiento se debe en particular al aumento de los ingresos petroleros. Por ello los ingresos tributarios de México en relación con el resto del mundo son muy bajos. En general los porcentajes de ingresos son mayores en los países latinoamericanos.

Esta situación ha propiciado que la política de ingresos se haya distorsionado recurriendo a un tratamiento fiscal atípico a las empresas energéticas —Pemex y CFE— lo cual disminuye su capacidad de inversión para garantizar el sano crecimiento, afecta su estabilidad financiera con modalidades de financiamiento onerosas y eleva los precios de los bienes que producen.

Las reformas de los últimos tres años al régimen fiscal de Pemex permiten liberar a las finanzas públicas de la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, pero no resuelven el problema. Sin embargo, crean bases para que se realicen de mejor manera las tareas de exploración y explotación indispensable para reponer las declinantes reservas y se consolide la plataforma de producción.

Del lado del gasto público, se advierten algunos avances en cuanto a la modernización de su ejercicio. Se ha fortalecido su normatividad para la inversión pública y se han establecido mecanismos para su mejor evaluación, pero subsisten problemas de centralismo en su planeación y programación, rigideces injustificadas que afectan la oportunidad del ejercicio y sus formas de distribución hacia los sectores de la economía.

También se presentan problemas en su estructura, en virtud de que todavía es alta la proporción del gasto corriente en relación con el de inversión, debido a que los esfuerzos realizados para privilegiar la formación de capital son reducidos, situación que impide impulsar de mejor manera el ritmo de crecimiento.

En materia de deuda pública, hay mejores condiciones en las finanzas públicas nacionales. Se ha sustituido gradualmente la deuda externa por la interna y se mejoraron los costos financieros y los tiempos de amortización, reduciendo la vulnerabilidad de las finanzas frente a cambios bruscos en las tasas de interés y el tipo de cambio.

El federalismo fiscal establecido hace un cuarto de siglo cumplió con necesidades de la época para mejorar el sistema tributario. Durante ese tiempo se le hicieron modificaciones que contribuyeron a hacerlo más eficiente. Sin embargo, es necesario profundizar en fortalecer la capacidad recaudatoria de Estados y Municipios, con la finalidad de lograr un desarrollo más equilibrado y justo.

En el país se requiere todavía mantener políticas compensatorias para los estados de menor desarrollo relativo, debido a que durante décadas no recibieron inversión pública para crear infraestructura, ni recursos financieros para desarrollar sus sectores productivos. De ahí la necesidad de revisar los cambios efectuados con objeto de evaluar sus consecuencias y adoptar medidas para revertir sus efectos negativos.

En lo que se refiere al desempeño de las instituciones financieras privadas, la mayor parte de ellas filiales de bancos extranjeros, no están cumpliendo con su función primordial de contribuir al crecimiento de la economía mexicana, debido a que es reducido el crédito que destinan a fomentar los sectores productivos en los que tenemos ventajas comparativas o altamente generadoras de empleo como las micro, pequeñas y medianas empresas tanto del sector primario como del industrial.

Privilegian el crédito al consumo con un esquema de tasas de interés de las más elevadas del mundo y que requieren de un tratamiento fiscal que evite ganancias extraordinarias en México, inconcebibles en los países donde están ubicadas sus matrices.

Más preocupante es el hecho de que la banca extranjera que opera en México no está sometida a las regulaciones que tiene en sus países de origen, como la responsabilidad de garantizar los depósitos de los mexicanos, salvo el seguro bancario operado por el IPAB que cubre un poco más de la mitad de todos los saldos del sistema bancario mexicano.

La estructura oligopólica del mercado permite la discrecionalidad de los bancos para operar sus servicios creando una brecha creciente entre las tasas activas y pasivas en detrimento de los ahorradores sin que existan indicadores financieros que la justificaran. Además hay una tendencia a aumentar las comisiones por los servicios que se prestan. La población mexicana está en un estado de indefensión frente a la banca, ante una evidente pasividad de las autoridades monetarias y financieras.

Como consecuencia de lo anterior, es sumamente elevado el margen financiero que obtienen los bancos comerciales en nuestro país en relación con el que registran sus matrices o las filiales de éstas en otras naciones industriales, emergentes o en vías de desarrollo. No hay evidencia empírica de que tales utilidades se reinviertan como sería deseable en créditos para fortalecer la economía mexicana o para ampliar la infraestructura bancaria. En general, se envían al exterior sin restricción alguna por las autoridades mexicanas, por lo que debe estudiarse una tasa impositiva mayor para esas utilidades excesivas.

Adicionalmente los bancos extranjeros se han negado sistemáticamente a inscribirse en la Bolsa de Valores, evitando una mejor supervisión de sus operaciones por parte de los ahorradores que no tienen suficiente información para tomar decisiones que garanticen sus ahorros o inversiones financieras en esas instituciones. Todo ello muestra una laxa normatividad institucional en aras del libre mercado y de la competencia, que en la práctica no existe por la dominancia del mercado de tres o cuatro grandes instituciones bancarias.

Por otra parte, la banca de desarrollo que en el pasado hizo importantes contribuciones al desarrollo nacional, desde hace años está siendo sometida a un proceso de desmantelamiento. A las principales instituciones financieras del Estado se les han ido mermando funciones como el acceso al financiamiento en primer piso con objeto de que sólo operen como fuente de fondeo de la banca comercial o que sirvan para dar garantías a esas mismas instituciones. Aún con estos esquemas de protección no hay suficientes respuestas para atender a la política de fomento a la economía nacional.

Dentro de este proceso se ha intentado extinguir al Banco Nacional de Comercio Exterior y fusionarlo con Nacional Financiera. BANOBRAS también ha perdido su capacidad de financiamiento a estados y municipios y opera fundamentalmente fideicomisos del gobierno federal para recuperación de cartera y administración de fondos de diversa naturaleza. La Financiera Rural tiene bajos niveles de operación, limitada cobertura y escaso personal técnico, respecto a las necesidades del sector agropecuario.

Las reformas de los años noventa y de la primera década del siglo al sistema de pensiones se realizaron con la finalidad de asegurar a los trabajadores mexicanos la viabilidad y seguridad de un manejo adecuado de sus ahorros para disponer de ellos al momento de su jubilación o retiro de la vida laboral. No obstante ello, han surgido problemas en la administración de los ahorros en manos del sector privado, en un esquema semejante a los que se presentan en la banca comercial.

También en este caso hay cuestiones de una insuficiente regulación y de políticas poco claras para la inversión de los recursos de los trabajadores. En el pasado reciente se reformaron las normas para el manejo de estos recursos y se permitió su inversión en instrumentos insuficientemente seguros. La crisis financiera ha puesto en evidencia la fragilidad de este sistema y se han registrado pérdidas, en tanto que se mantienen altas comisiones, además de un irritante y complejo conjunto de trámites que hacen muy largo y difícil el trámite del pago de pensiones y de los fondos de ahorro para el retiro, lo que propicia corrupción, creándose un clima de malestar e insatisfacción en los pensionados. También hay indefensión de los trabajadores para preservar su patrimonio.

PROPUESTA

Atender la emergencia económica mediante nuevas medidas de política monetaria y hacendaria, en los ámbitos fiscal y de gasto a nivel nacional y estatal, de la adecuación del sistema financiero, de la banca comercial y de la banca de desarrollo a la nueva realidad económica derivada de la crisis, específicamente de sus impactos en la economía real, así como la atención a la problemática de los sistemas de jubilaciones y pensiones en el sistema nacional de las Afores.

Impulsar una política de financiamiento al desarrollo orientada a propiciar el crecimiento con equidad en el mediano y largo plazo. Esta política debe instrumentarse en dos fases. La primera debe atender la emergencia económica derivada de la crisis financiera y económica internacional para mitigar sus efectos en nuestro país. La segunda se debe orientar a establecer una estrategia general de fomento económico para aumentar el ritmo de crecimiento y ampliar y mejorar el desarrollo social en los años futuros.

Implantar una política de atención a la deuda pública y privada para evitar que los choques cambiarios afecten a las finanzas nacionales por la vía de la escasez de divisas, como ocurrió recientemente. Esto implica establecer medidas preventivas como las que han tomado las autoridades hacendarias para la deuda pública, pero faltan acciones relativas a la deuda privada. De otra manera el gobierno tendrá que rescatar las fuentes de empleo en sectores que se determinen como esenciales que sean afectados por esta problemática.

Perseverar en cambios a la política hacendaria para aumentar la recaudación y propiciar que el gobierno tenga nuevos instrumentos para el fomento de la economía, transformando la actual estructura fiscal que permite la evasión y la elusión en niveles inaceptables que afectan la capacidad del gobierno para enfrentar sus compromisos.

Por tanto, se debe impulsar una reforma fiscal de fondo que entre otras ventajas evite la alta dependencia fiscal del petróleo y que además simplifique profundamente su estructura y procedimientos para hacer ágil y sencillo para los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones.

En este proceso impulsaremos políticas para aumentar los ingresos tributarios, mediante la incorporación del mayor número de agentes económicos del sector informal hasta alcanzar estándares internacionales. Igualmente diseñaremos un esquema de tributación simplificado y equitativo, con tasas uniformes que coadyuven a elevar la recaudación, la competitividad y permitan combatir la evasión y elusión fiscal y hagan fácil su observancia.

Aumentar el gasto público exclusivamente para proyectos de inversión y programas sociales con una orientación claramente definida hacia la realización de obra pública que genere empleos y mejore la educación, la salud y la infraestructura productiva tal como lo están haciendo todos los países afectados por la crisis financiera internacional. El gasto previsto para el 2009, no sólo es insuficiente para evitar la recesión económica sino presenta un ejercicio tardío y altamente centralizado.

Impulsar proyectos regionales de inversión de mediano y largo plazo para crear mejores condiciones de crecimiento en las entidades federativas, que sean detonadores de la expansión económica. Al mismo tiempo, buscar el fortalecimiento institucional de la capacidad de los estados y municipios para la realización de obra pública con uso intensivo de mano de obra y dando prioridad a la contratación de empresas locales y al uso de materiales de las regiones. Es fundamental impulsar proyectos productivos que favorezcan el autoempleo.

Utilizar con rapidez los recursos financieros que las instituciones multilaterales están proporcionando a los gobiernos para enfrentar la crisis con el fin de proteger los empleos. Para ello es indispensable revitalizar las actividades de la banca de desarrollo, particularmente para que pueda operar en primer piso, concediendo créditos en forma directa a los agentes económicos que no pueden acceder al financiamiento de la banca comercial por las restricciones de las matrices y por sus tendencias de privilegiar el crédito al consumo.

Propiciar cambios regulatorios al sistema financiero con objeto de expandir el crédito bancario a la producción, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales han subsistido en los últimos años con financiamiento de proveedores, a través del control del cobro de comisiones, eliminando el alto diferencial entre tasas activas y pasivas y tratando de apoyar a empresas que en el curso de la crisis financiera no tienen opciones para apalancarse en el exterior como lo hicieron en el pasado.

Cambiar la normatividad que rige al Banco de México con el propósito de que se pudieran ampliar sus funciones en la economía nacional. A este respecto es necesario que vuelva a tener funciones de fomento al desarrollo económico para que en la actual etapa de desaceleración económica contribuya a la recuperación y a la expansión del crecimiento. Al respecto, los bancos centrales de otros países están apoyando en forma heterodoxa y de diversas maneras la recuperación sus economías, lo que hace aconsejable revisar el modelo de cajones selectivos de crédito que con tanto éxito manejó la Banca Central.

Fortalecer los esquemas de supervisión y de políticas de riesgos para las operaciones generales del sistema financiero, en especial las relacionadas con entidades que pudieran causar quebrantos financieros. También se requiere ampliar la cobertura de seguros para garantizar depósitos a la vista y con ello dar certidumbre a los ahorradores de que su patrimonio tiene protección estatal.

Propiciar la competencia bancaria, procurando una mayor transparencia en sus operaciones y una mayor participación del capital nacional. Para ello es indispensable que la banca extranjera cotice en la Bolsa de Valores con objeto de que esté sujeta al escrutinio de los ahorradores, propiciar la creación de bancos regionales o locales que aumenten la competencia y sujetar a las instituciones de crédito a regulaciones prudenciales y a permanente supervisión, además de una estricta normatividad en lo relativo a la transferencia de los recursos a sus matrices en el exterior, al margen de la coyuntura de la crisis mundial.

Emitir disposiciones para que la banca comercial privilegie el crédito hacia sectores estratégicos de la economía nacional, como son la industria, el sector agropecuario, pesquero y forestal, y la creación de infraestructura económica y social.

Cambiar la política de debilitamiento de la banca de desarrollo puesta en práctica por el gobierno desde hace años, con objeto de convertirla en uno de los instrumentos más importantes para paliar la crisis financiera, para lo cual es indispensable que aumente sus programas de crédito a la producción, flexibilizando sus formas de operación y permitiéndole para áreas esenciales operar como banca de primer piso.

Recuperar la capacidad operativa del Banco Nacional de Comercio Exterior que ha hecho importantes contribuciones durante siete décadas al desarrollo nacional. En los últimos años ha sido fragmentado deliberadamente en beneficio de la banca comercial y se ha intentado fusionarlo con Nacional Financiera, entidad que ha sido convertida en una empresa de factoraje para beneficio de empresas y tiendas de autoservicio extranjeras, cancelando su función de apoyo a la industria, por lo que es necesario fortalecer la operación de Nacional Financiera y promover que cada institución cuente con su propio director.

Fortalecer a BANOBRAS para que amplíe su apoyo a estados y municipios, con financiamiento, asistencia técnica en evaluación de proyectos y en programas de infraestructura social básica. También debe ampliar sus actividades para apalancar empresas constructoras mexicanas que participen en el desarrollo de proyectos de infraestructura que hoy se ven limitados por la falta de crédito.

Respecto a Financiera Rural es primordial revisar sus objetivos, políticas, prioridades y estructura operativa para que pueda cumplir con su misión de atender con eficiencia, eficacia, transparencia, probidad y oportunidad al sector agropecuario, forestal, pesquero y agroindustrial, privilegiando a pequeños y medianos productores y buscando una asignación equilibrada de recursos entre productores y regiones.

Auspiciar la articulación entre las funciones de la banca comercial y la banca de desarrollo para estandarizar sus procesos de operación y que en forma conjunta faciliten la viabilidad de los proyectos de desarrollo. En este sentido, es necesario promover que la banca de desarrollo puede apoyar a la banca comercial en la formación de sujetos de crédito mediante la capacitación y la asistencia técnica financiera.

Reconocer que la mayor parte de los proyectos de inversión tienen una parte financiable comercialmente y una parte que requiere fondos de apoyo o de banca de desarrollo. También la banca de desarrollo debe proveer las garantías que requiere la banca comercial para que se otorguen los créditos necesarios.

Evaluar la práctica de que el sector central de la administración pública, como es el caso de la Secretaría de Economía, ejerza funciones de institución nacional de crédito, como lo hace actualmente mediante el Fondo PYMES. Es conveniente revisar si debe ser operado por la banca de desarrollo y la banca comercial, que tienen la capacidad y la experiencia para canalizar los recursos a los agentes económicos.

Revisar el marco jurídico que regula y promueve el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas para garantizar la planeación, selección, ejecución, evaluación y seguimiento de programas de apoyo a este sector, a efecto de que alcancen su máximo potencial de competitividad.

Perfeccionar la legislación para proteger el ahorro de los trabajadores en las AFORES, evitando que las SIEFORES inviertan en el exterior sin la debida supervisión sobre los riesgos; establecer sistemas de protección para el ahorro con cargo a las comisiones y/o utilidades de las AFORES para que absorban o minimicen las minusvalías; pugnar porque ese ahorro social se canalice a inversiones en áreas esenciales de la economía nacional, como son los proyectos de infraestructura, vivienda y energía de fuentes renovables, entre otros.

4. Sectores estratégicos: energía, minería, agropecuario y pesquero, industria y turismo

El cambio de modelo de desarrollo que proponemos debe tener como prioridad la modernización de los sectores esenciales de la economía mexicana para que sean el sustento del crecimiento con una visión de largo plazo. Sin embargo, ante los efectos de la crisis financiera mundial se requiere apoyarlos de manera inmediata.

La participación estatal estaría orientada a evitar una escalada de daños económicos y sociales, principalmente para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores y la economía de las familias. Ante la magnitud de los impactos a la economía real, la acción institucional es una obligación jurídica y ética para retomar el crecimiento y aumentar los niveles de empleo en todo el territorio.

El objetivo es articular las políticas del Estado para que confluyan a fomentar las actividades productivas esenciales, promover proyectos estratégicos de alta densidad de mano de obra y el aprovechamiento de nuestro potencial productivo, con la concurrencia de los sectores social y privado, para incidir en el bienestar.

4.1 Seguridad y transición energéticas

FUNDAMENTO

Nuestro Partido como la corriente histórica que nacionalizó el petróleo y la electricidad, impulsó una reforma energética en la que impuso el principio de la modernización y fortalecimiento de la industria petrolera nacional sin privatización, en plena congruencia con lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, garantizando que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos se haga en beneficio de todos los mexicanos.

Con esta reforma nuestra organización política logró que se sentaran nuevas bases para garantizar la seguridad energética del país, propiciando que se mantenga la propiedad, la dirección y el control de las empresas Pemex, CFE y LFC bajo la rectoría del Estado, para ofrecer productos y servicios suficientes, de calidad y competitivos, que coadyuven a elevar el ritmo del crecimiento económico, permitan la generación de más empleos, impulsen el desarrollo regional y aumenten los niveles de bienestar social.

La reforma energética que aprobaron nuestros legisladores faculta a la SENER como única responsable de la política energética del país; otorga a Pemex autonomía, transparencia, capacidad para disponer de sus ingresos y emitir bonos; impulsa la petroquímica; crea un organismo para conducir la transición energética aprovechando crecientemente las fuentes de energías renovables; garantiza la seguridad energética y promueve el uso óptimo de la energía.

Estos cambios resolverán gradualmente uno de los principales problemas de la empresa petrolera como es el manejo de sus finanzas, al establecer un régimen fiscal que le asegurará disponer de recursos propios para cumplir sus objetivos, entre otros ampliar la petroquímica, fortalecer las redes de ductos y tanques de almacenamiento, apoyando el desarrollo científico y tecnológico, mejorando sus sistemas de operación y estableciendo un eficaz sistema de fiscalización.

Igualmente permitirá evitar la caída de las reservas, mantener e incrementar paulatinamente la producción, una mayor refinación y la consecuente disminución de importaciones de combustibles y gas, además de reducir la dependencia de los hidrocarburos con el impulso a las fuentes de energías renovables. De esa manera el sector seguirá haciendo contribuciones importantes al proceso productivo y a las finanzas públicas sólo con sus obligaciones fiscales.

El Partido considera que la reforma energética debe abarcar también el ámbito de la electricidad, que es un factor de creciente importancia para el crecimiento económico.

El país ha logrado una amplia cobertura del servicio, pero las fuentes generadoras se están desplazando del combustóleo al gas. Casi la mitad de la electricidad se genera en plantas de gas de ciclo combinado, lo cual acentúa la dependencia de este energético que es escaso en nuestro país.

Con base en las decisiones de la reforma y del entorno económico nacional e internacional previsible en los próximos años, la SENER estima un crecimiento lento de la producción petrolera, pero también la reducción de las exportaciones en el mediano plazo por la desaceleración de la demanda mundial que podría prolongarse con los efectos negativos para las actividades propias de la empresa petrolera y fundamentalmente para las finanzas públicas de nuestro país.

PROPUESTA

Impulsar, con base en la reforma energética, una política para el desarrollo integral del sector con el propósito de que el país logre su seguridad energética en el largo plazo y pueda ejercer plenamente su soberanía respecto a los recursos naturales y que los recursos energéticos se constituyan en la palanca del desarrollo estimulando la transición energética.

Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Reforma Energética en materia petrolera exigiendo responsabilidades a los nuevos reguladores y operadores de la industria, rechazando cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia, ceder la planeación y operación de las actividades propias de la empresa petrolera, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera.

Demandar que los organismos públicos estratégicos del sector energético tengan plena autonomía de gestión, órganos de gobierno y dirección profesionales.

Igualmente que participen en las decisiones de política económica para armonizar las actividades de las empresas energéticas con los objetivos de crecimiento y desarrollo que contengan los planes nacionales y sectoriales de desarrollo.

Exigir que la reglamentación que expida el Ejecutivo Federal se corresponda con la letra y el espíritu de la reforma petrolera y cuidar que los contratos que se firmen no permitan la infiltración de los grandes consorcios internacionales, ni se sustraigan al escrutinio público, para terminar con la opacidad en la realización de la obra pública en el sector energético y que induce la discrecionalidad.

Constatar que se regulen y supervisen los procesos de licitación, contratación y ejecución de las adquisiciones, obras y servicios a cargo de Pemex y que los precios de transferencia inter-organismos reflejen la realidad de la empresa y los intereses de los sectores productivos nacionales y de la nación, con objeto de que la potencialidad del sector se constituya en el motor del crecimiento económico.

Reiterar que el sector energético sólo puede tener viabilidad en el largo plazo con finanzas autónomas, dentro de un contexto de política hacendaria nacional. Esto sólo se puede lograr cambiando las características de la onerosa carga fiscal que padece Pemex. Para ello es indispensable subrayar la necesidad de avanzar en una verdadera reforma fiscal que permita sustituir los ingresos petroleros coyunturales por ingresos tributarios permanentes en el largo plazo.

Vigilar que la estrategia nacional que diseñe la SENER corresponda al programa estratégico de la empresa petrolera nacional, con la finalidad de lograr congruencia y racionalidad en las políticas y programas del sector energético, para lo cual se requiere dar una absoluta transparencia a las actividades de la autoridad energética y de la propia empresa, mediante un sistema de vigilancia y evaluación del desempeño que sea también una herramienta para la toma de decisiones.

Dar seguimiento a los procesos de reglamentación normativa para la operación del Fondo Nacional para la Transición Energética, impulsando la investigación científica y tecnológica y apoyando los proyectos alternativos que sustituyan el uso de los hidrocarburos en las actividades económicas tradicionales, procurando el desarrollo de su financiamiento mediante la contribución de los bonos ciudadanos.

Proponer una nueva política para el sector eléctrico, con objeto de mejorar la producción y distribución de la energía eléctrica, dando prioridad al pleno aprovechamiento de energías renovables, el uso escrupuloso de materiales nucleares y la integración con el sector petrolero. Se deben buscar nuevas formas de generación que protejan nuestro entorno natural y aprovechen sus ventajas comparativas con las mejores prácticas de acuerdo con la tecnología disponible.

Exigir que los precios de los energéticos no se usen con fines recaudatorios, como ha ocurrido hasta ahora, creando presiones inflacionarias, abatiendo la competitividad de la economía a nivel internacional y afectando la economía de las familias. Para ello es necesario aumentar la productividad del sector, utilizando de mejor manera los insumos y recursos para la producción, mediante evaluaciones cuidadosas de las formas de operación de las empresas del sector público.

Fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo en su capacidad de investigación y desarrollo tecnológico y propiciar la coordinación a nivel nacional de los institutos públicos y privados y de las empresas de investigación y desarrollo de ingeniería con las empresas del sector energético, para impulsar el desarrollo tecnológico y resolver sus problemas de capacidad para la exploración y explotación petrolera.

Racionalizar y optimizar las plantas laborales de las empresas del sector con respeto a los derechos contractuales, estableciendo los requerimientos de capacitación permanente, productividad, reducciones de gasto corriente y de planeación financiera de pasivos laborales con la finalidad de garantizar los ahorros de los trabajadores y sus derechos en materia de prestaciones sociales.

4.2 Políticas de Estado para el desarrollo minero

FUNDAMENTO

El sector minero en México ha venido perdiendo importancia y se ha encontrado ausenté del discurso y planes de gobierno actual, dejando de lado el hecho de que éste sector ha jugado a lo largo de la historia de nuestro país, un papel estratégico como proveedor de insumos minerales para diversas industrias. Es por eso que se reconoce la importancia del sector minero, que actualmente contribuye con poco más del 1 por ciento del PIB nacional, por lo que requiere de la atención de nuestro Partido para fomentar su desarrollo sustentable y articularlo con otros sectores productivos.

PROPUESTA

Asumir el compromiso por conseguir que a los gobiernos de las entidades se les otorguen participaciones de los ingresos federales derivados de la explotación de sus yacimientos minerales.

Luchar por que el Ejecutivo Federal, tome medidas necesarias para que las empresas mineras y el gobierno federal, coordinadamente con los gobiernos de los estados y los municipios, lleven a cabo programas tendientes al mejoramiento y la calidad de vida de la población regional donde se localizan los yacimientos, y las medidas de prevención para que cuando concluya la explotación minera se eviten los males que provoca la pérdida de esa fuente de empleo. Propugnar porque en todas las explotaciones mineras, se garantice la seguridad en el trabajo y los derechos de los mineros.

Establecer un programa de fomento e investigación tecnológica y de integración industrial, para darle valor agregado a aquellos minerales de los que México sea uno de los principales productores.

4.3 Políticas de Estado para el desarrollo agropecuario

FUNDAMENTO

El Partido considera que el sector agropecuario tiene una calidad estratégica para el desarrollo nacional, específicamente para la seguridad y la soberanía alimentarias del país y el bienestar social de aproximadamente la cuarta parte de la población nacional.

Por tanto, debe ser una actividad a la que se le otorgue la más alta prioridad en los planes y programas de los tres órdenes de gobierno.

En los últimos años los resultados de la política agropecuaria puesta en práctica por los gobiernos de la alternancia no han logrado que este importante sector económico realice las contribuciones que se requieren para satisfacer las necesidades de alimentación de la población. Equivocadamente el Ejecutivo Federal ha decidido importar productos agropecuarios cada vez en mayores cantidades en lugar de apoyar a los productores nacionales; México es ya el tercer importador de granos y oleaginosas y crece la importación de productos pecuarios para el abasto del consumo nacional, manifestándose en un creciente déficit de nuestra balanza agropecuaria y en una mayor y grave dependencia alimentaria del exterior.

Esta situación tiene su origen en los cambios de la política de fomento a la producción realizadas desde hace varios años. El gobierno desmanteló las instituciones públicas de apoyo al campo, disminuyó, también, el financiamiento reduciendo los créditos de avío y refaccionario, el aseguramiento de los cultivos y bajando los niveles de inversión en infraestructura para capitalizar los predios y abandonando las políticas para una eficiente comercialización.

Tal realidad deriva también de la deficiente negociación del capítulo agropecuario del TLC, en perjuicio del sector rural, al no establecer acuerdos específicos para compensar asimetrías y daños a los productores con la plena apertura comercial.

Además, de manera unilateral, con argumentos de seguridad nacional y fitozoosanitario, Estados Unidos encubre actividades proteccionistas lesivas para el país e incrementó los subsidios muy por encima de los niveles que tenían en 1994 contraviniendo el espíritu del TLC.

La política agropecuaria vigente se ha orientado al apoyo de la agricultura comercial en detrimento de la economía campesina. La mayor parte de las transferencias y los apoyos que otorga el Gobierno Federal al campo se han canalizado hacia los grandes productores del sector moderno para la exportación, éstos representan el 5 por ciento de los grandes productores rurales; es urgente que, sin desatenderlos, se establezcan políticas de atención diferenciada para los medianos y pequeños productores que representan el 95 por ciento del campesinado nacional.

En la actualidad la superficie cultivada cada vez es menor, el estancamiento de la producción de granos básicos, el uso ineficiente de las tierras de riego y un creciente déficit en la infraestructura para la producción y el comercio, exigen una política de estado que revierta esta difícil situación por la que atraviesa el sector productivo.

Debemos tener claro que el incremento en la producción de frutas y hortalizas que coadyuvan a mejorar la balanza agropecuaria y los ingresos del campo., solo benefician a un reducido número de productores.

Por estas razones se han reducido sensiblemente las aportaciones del sector agropecuario al producto interno bruto de 8 por ciento a 5 por ciento en las tres últimas décadas. Tal situación ha agudizado la desigualdad y la pobreza en el sector rural, ha propiciado la migración hacia las zonas urbanas y al exterior de millones de jóvenes que paradójicamente coadyuvan con remesas a mitigar la pobreza en las zonas rurales y marginadas que son expulsoras de mano de obra campesina.

Una proporción importante de la población rural ha abandonado las actividades agropecuarias, tanto por la presión demográfica sobre la tierra, como por su inviabilidad económica para absorber la fuerza de trabajo. Es creciente la población del campo que se ocupa en áreas diferentes a las agropecuarias. Las transferencias vía Procampo, Oportunidades y remesas de los emigrados permiten un precario equilibrio de las condiciones de vida en las zonas rurales.

En lo que respecta a la ganadería y al subsector forestal, prácticamente en toda la década han sido afectados por diversas variables económicas internas y externas, entre otras la sobrevaluación del tipo de cambio, los altos precios de los granos para el consumo animal, los bajos precios de los productos pecuarios, el aumento de las importaciones de bienes sustitutos, nuevas normas sobre etiquetado y calidades y la falta de apoyos institucionales para su desarrollo, por lo que han perdido rentabilidad y provocado desempleo y declinación del bienestar en las familias del campo.

La actividad pesquera muestra también problemas estructurales que impiden su adecuado desenvolvimiento. Tiene un desarrollo desigual como resultado de las fuertes diferencias entre la flota de altura que tiene financiamiento, organización y tecnológica moderna para procesar productos, y de la flota artesanal que subsiste sin crédito, con equipo obsoleto que limita las posibilidades de mayores volúmenes de captura y dar mayor valor agregado a los productos del mar.

Sin embargo debe reconocerse que aún la flota de altura enfrenta problemas mayores.

Los más importantes son la necesidad de renovar sus embarcaciones que han terminado su vida útil y la política tarifaria de los combustibles establecidos por la Secretaría de Hacienda, afectando, particularmente, la flota camaronera. Aunque la flota atunera se ha modernizado todavía enfrenta problemas de operación por prácticas de pesca que fueron cuestionadas por organizaciones ambientalistas. La infraestructura para la pesca de altura y ribereña es notoriamente obsoleta.

Es escaso o nulo el financiamiento a la actividad pesquera, amén de la falta de una estrategia integral que apoye el procesamiento industrial del pescado y mariscos frescos, para proporcionar alimento barato y con alta calidad nutricional a la población mexicana. Es indispensable almacenamiento en frigoríficos e industrializadoras para enlatados.

Por otra parte, la acuacultura ha tenido una expansión considerable en los últimos años, con una mejor distribución geográfica de zonas productivas y de plantas de procesamiento. Sin embargo, es necesaria dotarla de una mejor infraestructura que cuente con cadenas de abastecimiento de suministro regular de insumos, mejor almacenamiento y redes de frío, mayor tecnología y prácticas sanitarias que hagan a las granjas acuícolas más eficientes y competitivas.

El Gobierno Federal no cumple con su responsabilidad de ordenar la actividad, apoyar la investigación científica, fortalecer la inspección y vigilancia para eliminar la pesca furtiva y la importación ilegal de productos pesqueros; no ha corregido el precarismo de los permisos, lo que mantiene en permanente incertidumbre la actividad; y no ha resuelto las tarifas que cobran las API´s a la flota y la compensación del IEP´s con otros impuestos.

Los recursos presupuestarios que se otorgan al campo muestran un incremento gradual en las asignaciones, pero es cuestionable su orientación en virtud de que se siguen privilegiando los subsidios asistenciales en detrimento de los apoyos financieros a la producción y, por otro lado, la complicación de las reglas y lineamientos de operación dificultan su ejecución. Es necesario lograr mejores equilibrios entre ambas prioridades, particularmente en la coyuntura de la crisis que exige aumentar la producción de granos básicos, leche, proteínas de origen animal y productos celulósicos tanto para el autoconsumo como para obtener excedentes canalizables al mercado interno, reduciendo las elevadas compras del exterior y para la exportación a fin de mejorar nuestra balanza comercial.

PROPUESTA

Reiterar que el desarrollo integral del sector agropecuario, forestal y pesquero es materia no sólo de soberanía alimentaria sino de seguridad nacional, en las actuales circunstancias de crisis económica y de alimentos a nivel mundial y en el país. Por eso se reclama una estrategia orientada a establecer un nuevo modelo de desarrollo para el campo, construyendo nuevas relaciones productivas y sociales entre los tres órdenes de gobierno y el sector rural.

Impulsar una política de Estado para el campo que garantice la soberanía y seguridad alimentarias; la armonización del marco legal e institucional; la capacitación, organización, infraestructura, así como la reingeniería institucional, al igual que la producción de fertilizantes así como la producción de agroquímicos, material genético y medicamentos con precios accesibles para los productores. Esta estrategia debe ser un eje de la política económica nacional y considerar las asimetrías de la política agropecuaria de nuestros principales socios comerciales que mantienen el proteccionismo. El PRI seguirá defendiendo la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.

Promover el establecimiento de políticas orientadas al fomento de la producción de cultivos y productos básicos para enfrentar la crisis alimentaria y sentar las bases para fortalecer los diferentes tipos de propiedad en el campo, modernizando al ejido y las comunidades e impulsando nuevas formas de asociación productiva. Este nuevo modelo debe privilegiar la organización de los productores rurales y campesinos a fin de impulsar sus capacidades, la capitalización de las unidades de producción, la modernización de las actividades comerciales, garantizar la explotación sustentable de los recursos naturales y dotar a la población de los servicios sociales para elevar sus niveles de vida.

Revisar el Acuerdo Nacional para el Campo y promover una nueva cultura de organización productiva que permita compactar áreas cultivables para atender debidamente el problema del minifundio estableciendo redes de valor en los proyectos productivos estratégicos, donde se contemple desde los insumos para la producción, pasando por el almacenamiento, la transformación y comercialización, etapas apoyadas con el financiamiento oportuno, suficiente y accesible para los productores.

Se debe impulsar la asociación y complementariedad de ejidos y comunidades entre sí y con pequeños propietarios, para la creación de polos de desarrollo rural que incluyan extensionismo, coinversiones productivas y agroindustriales y de comercialización.

Contribuir a superar la emergencia económica derivada de la crisis financiera internacional y de las afectaciones a la economía real en nuestro país, estableciendo programas de gasto público para mejorar la infraestructura agropecuaria, forestal y pesquera a nivel parcelario (caminos, bordos, represas, aljibes, bodegas, centros de acopio, electrificación, etcétera); así como de uso intensivo de fuerza de trabajo, reorganización del manejo, operación y mantenimiento de los sistemas y unidades de riego.

Impulsar programas de conversión productiva para aprovechar nichos de mercado o ventajas comparativas, sobre todo, en cultivos perenes como el hule, cacao, palma africana, entre otros y la producción de proteínas de origen animal y productos celulósicos y pesqueros.

Vincular la producción de alimentos con una política nacional que atienda los problemas nutricionales de la población y que coadyuve a disminuir la obesidad.

Facilitar las nuevas acciones emergentes a favor de la economía rural con la modificación de las reglas de operación de los programas institucionales que se aplican en el campo, tomando en cuenta la participación de las organizaciones empresariales, privadas y sociales con objeto de garantizar su ejecución oportuna y evitar subejercicios, revisando con énfasis las formas de operación del Programa de Activos Productivos, del Programa Ganadero (PROGAN), de PROCAMPO y en general de todos los programas dirigidos al campo. Para el caso de Oportunidades, incluir nuevos beneficiarios en función de la movilidad campesina y de los cambios derivados de la transición demográfica además de simplificar y descentralizar su ejercicio.

Considerar a la banca de desarrollo (Financiera Rural, NAFINSA, FIRA y FOCIR) como un instrumento adecuado para aumentar los recursos financieros necesarios para superar la crisis. Se requiere transformar su mecánica de operación con objeto de otorgar créditos de avío a los productores de bajos ingresos que se dedican al cultivo de granos básicos, así como créditos refaccionarios para la capitalización de los predios mediante obras que mejoren rápidamente la productividad.

Promover que la banca de desarrollo otorgue garantías crediticias a MIPYMES, a empresas agroindustriales y al Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), al Fondo Nacional de Apoyos a Empresas Sociales (FONAES), al Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y al Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades de Pesca (FOPESCA), con base en la viabilidad y rentabilidad económica y justificación social de los proyectos de desarrollo rural así como ampliar sensiblemente su cobertura y recursos humanos capacitados.

Impulsar cambios a los esquemas de financiamiento al desarrollo rural y pesquero con el propósito de que la banca comercial tenga una normatividad pertinente que le obligue a incrementar el crédito al campo, específicamente a proyectos agropecuarios, agroindustriales y de actividades que incrementen el empleo rural no agropecuario, como son las actividades turísticas, la pesquera, la elaboración de artesanías, las microempresas, madera y sus productos, transporte, biocombustibles que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria y otros servicios.

Impulsar adecuaciones a la Ley Pesquera a fin de lograr: el ordenamiento del sector; terminar el precarismo de los permisos para favorecer inversión en infraestructura, barcos, plantas y obras conexas; formalizar e integrar a cadenas productivas a pescadores informales; establecer un método de información confiable; reforzar la investigación científica pesquera y acuícola por regiones, reestructurar, profesionalizar y ampliar la inspección y vigilancia para eliminar la pesca y el comercio ilegal y promover el consumo en la población para ayudar a elevar sus niveles nutricionales.

Otorgar apoyos y estímulos a la creación de organismos de uniones de productores y cooperativas para facilitar el acceso al crédito, dando prioridad a las personas morales a unidades económicas incorporadas a FOMMUR y otorgar carácter prioritario al apoyo de MIPYMES que se establezcan en las áreas rurales para desarrollar actividades no agropecuarias (industria, turismo, servicios).

Reforzar la investigación agropecuaria, forestal y pesquera vinculándola con las demandas del mercado y formar recursos humanos que puedan prestar servicios de transferencia de tecnología, asesoría y extensión.

Garantizar la seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra concluyendo el PROCEDE y modernizando el catastro rural para promover nuevas formas asociativas en el proceso productivo, como la producción agrícola y ganadera por contrato, los desarrollos urbanos y turísticos mixtos cuidando la justicia y equidad en las relaciones contractuales, lo que permitiría cambiar el patrón de producción tradicional hacia otros más rentables conforme a la aptitud de la tierra y a la ampliación acelerada de nuevas formas de agricultura y ganadería orgánicas y un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y pesqueros.

Impulsar una Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural y Agropecuaria, basada en un horizonte de planeación y presupuestación de largo plazo, tal como se prevé en el articulado de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En este instrumento legal se recogerían y ampliarían conceptos de productividad y crecimiento necesario para alcanzar, en un plazo máximo de diez años, el monto correspondiente a la aportación del PIB agroalimentario a la riqueza nacional.

Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para precisar los enfoques participativo, territorial y multisectorial y lograr una coordinación nacional en torno al Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable, integrando los programas relacionados con el desarrollo rural y su impulso coordinado por los tres órdenes de gobierno: de capitalización de unidades productivas, de uso sustentable de recursos, de desarrollo de capital humano y de organización y empleo, así como de enriquecimiento y restauración forestal.

Crear el Centro de Investigaciones y Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable, de carácter interdisciplinario, encargado de la planeación con criterio descentralizador, a partir de proyectos de nivel local y constituir consejos reguladores para la integración de cadenas productivas, la administración de los recursos para la producción de alimentos y evitar la especulación con maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, granos forrajeros, pastas oleaginosas, leche y cárnicos.

Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para lograr la coordinación integral de SAGARPA y SEDESOL, sus leyes, consejos y comisiones a partir del nivel municipal, a fin de interrelacionar y potenciar el crecimiento económico y el desarrollo social. Para imprimir una mayor descentralización a lo rural y pesquero, presupuestaria y operativamente; determinar funciones y competencias que deben de transferirse a los gobiernos de las entidades federativas de las secretarías de Salud, Educación, Economía, Turismo, Energía, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público y desde luego de SAGARPA.

Valorar la conveniencia de establecer la Secretaría de Pesca, o de dotar de autonomía plena y capacidad de gestión al órgano institucional que conduzca las políticas pesqueras.

Impulsar programas de inocuidad alimentaria y fitozoosanitarios y sanidad pesquera, así como los de normalización.

Establecer mecanismos de protección y salvaguarda del sector agropecuario más afectado por la apertura de los mercados de granos básicos, cuyos efectos negativos impactan a toda la sociedad, y fomentar la implementación de mecanismos para aumentar la producción del campo, particularmente de granos básicos. Para cumplir con este objetivo proponemos las medidas siguientes:

Establecer un sistema de administración de las importaciones de maíz, frijol, azúcar, leche en polvo y otros productos básicos para la seguridad alimentaria.

Que la Secretaría de Economía decrete “Salvaguarda Especial Agrícola” facultada por la OMC, sobre los once productos sensibles y especiales establecidos en la Ley de Desarrollo Sustentable.

Que el Gobierno Federal se sume al panel de controversias sobre el maíz solicitado a la OMC por Canadá, en relación con los altos subsidios de los Estados Unidos.

Exigir y garantizar reciprocidad a los Estados Unidos y Canadá en materia de inocuidad y cumplimiento de normas sanitarias y fitozoosanitarias y etiquetado de transgénicos.

Constituir una Comisión Nacional de Comercio Exterior en la cual participen las comisiones pertinentes del Congreso de la Unión y las organizaciones de productores para ampliar la participación en el respeto a normas y la investigación de daños.

Reimplantar esquemas de apoyo y protección a la producción, venta y distribución de granos básicos, en la misma medida y proporción que hagan nuestros principales socios y competidores comerciales, hasta en tanto no exista un acuerdo equitativo y plenamente aceptado de subsidios agrícolas.

Revisión del TLCAN y decisión de renegociar o denunciar dicho Tratado, según el caso, además de exigir su cumplimiento en materia de subsidios y barreras no arancelarias. Recurrir a instancias internacionales procedentes para:

 En ejercicio de la soberanía, modificarlo conforme a Derecho.

 Introducir una cláusula inicial que postule el propósito del Tratado de mejorar la calidad de vida de la población rural de los respectivos países, en un marco de equidad.

 Excluir al maíz y el frijol del tratado por tratarse de productos estratégicos para la seguridad nacional.

 Ajustar el Anexo del Tratado sobre aspectos laborales para garantizar la libre movilidad transfronteriza de la fuerza de trabajo y el respeto a los derechos humanos y laborales.

 Crear un Fondo Trinacional, complementado con fondos de los organismos de cooperación internacional, para reparar daños que las poblaciones de los tres países sufran por el Tratado y para inversiones en infraestructura y producción en cadena en regiones con desventajas competitivas.

 Constitución de un Tribunal de Comercio Internacional que vigile el debido cumplimiento de acuerdos y analice amenazas de daños y daños ocurridos, convalide las salvaguardas y defina los intereses afectados.

 Impulsar y apoyar para que las organizaciones de productores cuenten con especialistas en materia de comercio exterior, que les ayuden a interponer recursos y defensas contra prácticas desleales de nuestros socios comerciales en defensa de la producción nacional.

Establecer políticas de apoyo emergente al sector ganadero del país para paliar los efectos de las variaciones de precios internacionales de carne y de insumos para la producción, durante la coyuntura de la crisis financiera internacional. Igualmente se requiere impulsar en forma prioritaria el desarrollo de la ganadería intensiva y alternativa, intensificando los programas de modernización de la actividad como zoosanitarios, laboratorios de diagnóstico, cadenas productivas e impulsando la certificación de zonas territoriales libres de elementos patógenos.

Crear una empresa nacional forestal que estructure un nuevo modelo de desarrollo y financiamiento a la actividad forestal y a los cultivos perennes, responsable de impulsar plantaciones forestales y perennes, su industrialización, con cuidado del equilibrio ecológico y del medio ambiente con la finalidad de que la silvicultura aporte a la sociedad productos para el desarrollo industrial en un entorno de explotación que coadyuve a evitar que se acelere el cambio climático.

Ampliar el Sistema de Certificación de Productores mediante empresas certificadoras y unidades de verificación exigiendo la certificación de productos orgánicos que proporcionan un mayor valor agregado y promoviendo la agroforestería en usos agrícolas y forestales que restituyan las zonas de explotación silvícola, para el uso racional y sustentable de los recursos naturales y el pago de bienes ambientales, así como el acceso a los bonos de carbono y a los bonos verdes.

Apoyar la modernización de la flota pesquera de altura, en particular aquella especializada en la captura de camarón y de la flota artesanal ribereña sin descuidar la sustentabilidad, así como ampliar la infraestructura portuaria; la ampliación de las líneas de crédito que ofrece FOPESCA para el financiamiento de las actividades de la pesca, acuacultura y maricultura, y propiciar la modernización de los esquemas de comercialización; proteger de la polución las aguas de litorales, lagos, lagunas y ríos que afectan la actividad pesquera e impulsar la investigación científica sobre cultivos y artes de pesca.

Estimular una política de vinculación entre las instituciones de educación superior para que un mayor número de técnicos y profesionales, con esquemas multidisciplinarios, hagan contribuciones sustantivas al desarrollo de la producción agropecuaria. Se trata de reforzar las actividades de asistencia técnica, particularmente para los grupos del sector social, celebrando convenios con las organizaciones de productores de bajos ingresos.

Modificar la Ley General del Trabajo, en su Título Sexto, para adicionar los derechos de los jornaleros campesinos y trabajadores migratorios, precisando las obligaciones generales de las autoridades federales y locales en aspectos del libre tránsito, el respeto a las garantías individuales, y la prestación de auxilio a dichos trabajadores.