JUÁREZ PROYANQUI

Tema: JUÁREZ PROYANQUI Miér Dic 10, 2008 10:43 pm

JUÁREZ PROYANQUI
JUÁREZ Y ESTADOS UNIDOS
Conrado Hernández López [*]

Los cargos hechos contra Benito Juárez por su búsqueda de apoyo de Estados Unidos jugaron un papel significativo en la guerra de Reforma, en especial en la elección final del enemigo por la opción monárquica, y como es lógico influyeron en las interpretaciones posteriores sobre el sentido de su conducta política.

La acusación más recurrente en contra de Benito Juárez y su gobierno en la guerra de Reforma fue su relación con Estados Unidos, en especial por la firma del Tratado McLane-Ocampo (1859), por la intervención norteamericana en los sucesos de Antón Lizardo (1860) y por el reconocimiento y el apoyo del vecino del norte a la administración de Juárez, situación que llegó a ser decisiva en la derrota final del Segundo Imperio. Es cierto que, como apunta Brian Hamnett, Juárez comprendió la importancia de hacer una alianza estratégica con Estados Unidos. Pero esto suponía el deterioro de su imagen por la todavía reciente derrota de 1847 y la consecuente pérdida territorial. Sin embargo, ¿hasta qué punto la relación influyó en la actitud de algunos conservadores en pro de la intervención europea? Es por eso que conviene poner en su contexto el carácter de la alianza y sus implicaciones inmediatas.
En la guerra de Reforma (1858-1860) los gobiernos conservadores de Félix Zuloaga (1858-1859) y Miguel Miramón (1859-1860) sufrieron la hostilidad abierta de Estados Unidos; para afrontarla, este último reanudó las relaciones con España y, como señaló en 1862 Juan N. Almonte, giró instrucciones para negociar una intervención armada de Francia. Para muchos conservadores el apoyo norteamericano a la causa liberal confirmaría la necesidad de buscar ayuda europea para implantar un sistema de gobierno de naturaleza diametralmente opuesta, es decir, reactivó la vieja opción monárquica.
Para entonces las pretensiones norteamericanas tenían antecedentes. En 1858, el ministro de Estados Unidos, John Forsyth, llamó a los comerciantes extranjeros a desobedecer las disposiciones del gobierno conservador. Más tarde, en una clara muestra de intromisión, conspiró con los liberales y, finalmente, suspendió unilateralmente las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. Forsyth tenía el proyecto personal de establecer un protectorado económico para paliar los efectos de la crisis norteamericana y “acallar los ánimos secesionistas bajo la promesa de un bienestar común”.[1] Por eso planteó una compra territorial al presidente Ignacio Comonfort y, a la caída de éste, reiteró la propuesta al gobierno de Zuloaga. Como “obediente ejecutor” del mandato de sus superiores, Forsyth propuso, en un solo paquete, la compra de las provincias noroccidentales, la cesión del Istmo de Tehuantepec y el arreglo de los reclamos de sus ciudadanos ante el gobierno de México. Como en abril de 1858 recibió una negativa tajante, recomendó a la Casa Blanca tomar medidas radicales con “una demostración de fuerza”.[2]
El 6 de diciembre de 1858, el presidente Buchanan afirmó ante el Senado norteamericano que tenía “abundantes motivos para iniciar hostilidades contra el gobierno que reside en la capital” de México, y que era necesario estrechar relaciones con el gobierno de Juárez como el mejor medio para solucionar las diferencias entre ambos países. También recomendó ocupar “importantes porciones” de los estados de Sonora y Chihuahua para garantizar la indemnización a sus ciudadanos (calculada en 10 millones de dólares) y por cuestiones de seguridad (invasiones de los “bárbaros”). El discurso de Buchanan, comentado ampliamente en la prensa nacional e internacional, motivó la preocupación del gobierno conservador, que no tenía recursos para afrontar la intervención armada. No es fácil saber hasta qué punto la amenaza sirvió de pretexto para avivar las enemistades entre los militares conservadores.[3] En Mazatlán circulaban noticias de que en la frontera se concentraban de 2 mil a 3 mil norteamericanos dispuestos a iniciar la “separación anunciada por el presidente Buchanan en su mensaje al Senado”. Sin embargo, el ministro de Guerra conservador, general Severo del Castillo, ordenó aprovechar “si fuere necesario y existe el patriotismo de las fuerzas que están sustraídas de la obediencia del gobierno, para que cooperen a la defensa del Territorio Nacional”.[4]
En todo caso, detrás de la simpatía norteamericana hacia el gobierno liberal había intereses ideológicos, políticos y territoriales, y sólo faltaba la oportunidad para hacerlos efectivos. El 12 de abril de 1859, después de fracasar en la campaña de Veracruz, Miramón recibió un nuevo golpe al enterarse que Estados Unidos había reconocido al gobierno de Juárez. El 15, el Diario Oficial publicó una nota de protesta contra cualquier “tratado u acto” que Estados Unidos celebrara con los constitucionalistas y, al mismo tiempo, el ministro de Relaciones, Manuel Diez de Bonilla, dio a conocer las ofertas de Forsyth a Zuloaga sobre la compra territorial a cambio de apoyo para ganar la guerra.[5]
Antes del reconocimiento, los liberales habían contado con norteamericanos como socios comerciales o colaboradores individuales, considerados conspiradores o filibusteros por el gobierno conservador, que los expulsaba y a veces fusilaba. En todo caso, la colaboración entre el gobierno de Juárez y Estados Unidos fue limitada, pero decisiva. Los liberales compraban el armamento de mejor calidad y lo recibían en los puntos fronterizos bajo su control, contrataban embarcaciones para el traslado y empleaban oficiales o voluntarios norteamericanos. En 1859, por ejemplo, el gobierno liberal hizo importantes compras para la defensa de Veracruz.[6] En los convenios comerciales recibía un trato preferencial e incluso información sobre los movimientos de emisarios del enemigo en las ciudades norteamericanas.[7]
Lawrence Taylor registró un buen número de norteamericanos que combatían en las filas liberales, en particular en sus cuerpos de artillería.[8] En este sentido los conservadores consideraban que una intervención podía estar precedida por la creciente presencia de aventureros y armamento.[9] La contratación de norteamericanos organizados fue discutida en el gabinete de Juárez, quien era contrario a la propuesta. Miguel Lerdo de Tejada, Santos Degollado y Manuel Doblado, estaban convencidos de que era una alternativa viable. El 4 de julio de 1859, Degollado informó a Manuel Doblado sobre un “proyecto de empréstito en Estados Unidos” que les proporcionaría recursos, armas y una “respetable legión auxiliar”.[10] En efecto, dice Taylor, Lerdo de Tejada exploraba “la posibilidad de armar un ejército de voluntarios norteamericanos, si éstos profesaban los mismos principios que los liberales”.[11] Algunos oficiales norteamericanos tenían intereses concretos en las regiones fronterizas, por ejemplo, por el contrabando.[12] En Matamoros el problema militar y el reclamo de libertad económica estaban vinculados desde que la guerra con Estados Unidos alteró la vida de las poblaciones. En 1851 José María Carbajal proclamó el plan de la Loba que pedía la expulsión del ejército y el levantamiento de las restricciones comerciales y la baja en el pago de los derechos. El movimiento desembocó en expediciones filibusteras y perdió el apoyo de los poblados de la región. En la guerra de Tres Años, Carbajal vio la oportunidad de recuperar influencia política desde las filas liberales aprovechando su relación con los “rangers” de Texas. En México tampoco faltaron aliados de importancia.
En 1859 tropas mexicanas de Matamoros y norteamericanas de Brownsville realizaron operaciones conjuntas contra Juan N. Cortina, sublevado en Estados Unidos que se refugiaba en la frontera y futuro gobernador de Tamaulipas. A fines del año, Degollado autorizó a Carbajal la contratación de oficiales y tropa en el extranjero que, según méritos personales, servirían “a nuestra causa con el carácter de ciudadanos mexicanos”.[13] En enero de 1860, Carbajal informó a Degollado que podía contar con un regimiento de Artillería, algunos de cuyos miembros aceptaban “gustosos” ser ciudadanos mexicanos, pero otros preferían servir como “auxiliares”.[14] Sin embargo, Andrés Treviño, gobernador de Tamaulipas, consideró que la medida era inmoral y “contraproducente” para el sentimiento nacional. El problema no era “recurrir al auxilio del extranjero”, sino a “cierta gente (…) que conocemos con el nombre de filibusteros, como hombres siempre dispuestos a recorrer todos los países en demanda de víctimas o despojos”. Por eso, negó la entrada a los enviados de Carbajal y dio aviso a Juárez.[15] Poco después, la presencia americana en Matamoros estuvo a punto de terminar en un choque con los vecinos, que solicitaron al gobierno federal que Carbajal fuera sometido a juicio. Juárez comisionó al general Guadalupe García para restablecer el orden.[16] Con el suceso Carbajal no sólo perdió influencia y fue destituido, sino que quedó a disposición de García, “a quien he creído y creo mi enemigo personal”.[17] Carbajal se mantuvo al lado de Degollado y, a la muerte de éste en 1861, obtuvo su licencia ilimitada. Paradójicamente las relaciones de Carbajal en la frontera, que motivaron su destitución, se convirtieron en una virtud en 1865, cuando fue convocado por el ministro Matías Romero para regresar a Matamoros y utilizar su influencia entre los jefes norteamericanos en contra del gobierno imperial.[18]
Si para el gobierno de Estados Unidos el problema del reconocimiento incluía la venta de territorio, reclamos de sus ciudadanos y otras ventajas adicionales, cuando los liberales valoraron la opción de obtener apoyo norteamericano lo hicieron en condiciones desesperadas. Hamnett afirma que la medida respondía a presiones internas (el curso adverso en la guerra) y externas (el riesgo de la intervención española y la tendencia de los conservadores por involucrar a Europa en asuntos de México).[19] En el segundo semestre de 1859, los periódicos conservadores denunciaron que el gobierno de Juárez negociaba un tratado “antipatriótico y funesto para la independencia y la soberanía nacionales”. En el campo enemigo, algunos diarios no veían peligro en celebrar convenios con Estados Unidos y otros culpaban al clero como el responsable de la medida.[20] El gobierno liberal negoció con el enviado norteamericano Robert McLane;[21] aunque evitó la cesión territorial, el resultado en la práctica dejó a México bajo la tutela norteamericana. Justo Sierra afirmó que el Tratado McLane-Ocampo “(…) no es defendible; todos cuantos lo han refutado, lo han refutado bien (…). Estudiándolo hace la impresión de un pacto, no entre dos potencias iguales, sino entre una potencia dominante y otra sirviente; es la constitución de una servidumbre interminable”.[22]

Tema: MASTER Miér Dic 10, 2008 10:44 pm

Según Sierra, el tratado fue analizado por diversos autores con distintos grados de severidad, pues cedía a perpetuidad el derecho de tránsito en el Istmo de Tehuantepec y la libertad de movimientos de tropas y pertrechos en otras regiones del país. [23] A cambio, el gobierno liberal recibiría 4 millones de pesos. El ministro de Relaciones del gobierno conservador, Octaviano Muñoz Ledo, presentó la nota oficial de protesta.
Aunque no fue ratificado en el congreso norteamericano, el tratado McLane-Ocampo marcó un punto importante en la relación con el gobierno de Juárez. Los sucesos de Antón Lizardo en marzo de 1860 (cuando la escuadra norteamericana decomisó dos buques comprados en la Habana por el gobierno de Miramón para bloquear Veracruz) representaron una situación extrema para muchos conservadores. Aunque el 25 de junio una corte de Nueva Orleans declaró ilegal el decomiso, Miramón envió notas a los ministros de otras naciones y a los representantes mexicanos en Europa para difundir el acto de “piratería”. Los diarios alertaban de la culminación de la alianza antinacional entre Juárez y Estados Unidos y el peligro de la intervención armada; los gobernadores y jefes políticos conservadores publicaban encendidas proclamas para exacerbar el ánimo popular con el recuerdo de la derrota de 1847 y el maltrato a los mexicanos de las tierras conquistadas. El general Miguel Piña acusó a Juárez de aliarse con “los enemigos de nuestra raza” y citó el editorial de La Abeille de Nueva Orleáns: “Nosotros durante algunos años hemos abrigado y expresado la opinión de que la salud de México únicamente consistirá en la depuración de su estéril sangre, por medio de la vigorosa corriente de la raza anglosajona”.[24]
Esta fue la tónica de los diarios conservadores: la ambición norteamericana por las riquezas de México y la explotación de indígenas como esclavos. El ministro francés Alexis de Gabriac no simpatizaba con los liberales y dirigía las burlas racistas contra el propio Juárez:

En una reunión a la que asistí, McLane decía en voz alta que no ocultó a Juárez (indio de pura sangre) que el único medio capaz de pacificar, y luego civilizar a México era destruir o reducir a la esclavitud a toda raza de color, indígena o africana. Pero le prometió que haría una excepción, una sola, a su favor, por haber sido presidente y haber firmado un tratado importante con Estados Unidos.[25]
El triunfo liberal, para Piña, suponía “la ruina del nombre de México, su desaparición de la lista de los pueblos soberanos, la extinción de su raza”. Juárez vendía a su patria y aceptaba la “esclavitud de la raza indígena”, pues, ligado al crimen, estaba dispuesto a ceder “a cambio de un poco de oro, armas y pólvora”.[26]
La intervención norteamericana motivó la búsqueda de entendimiento entre los bandos en pugna, pero no parecía necesaria en el plano militar y, por sus consecuencias posteriores, resulta un tanto inexplicable. Para Hamnett la medida buscaba evitar la intervención de la escuadra española en el sitio de Veracruz.[27] Renato Gutiérrez Zamora publicó una nota de protesta enviada a Washington, en la que Su Majestad Católica reconoció que “el vapor Marqués de la Habana era español, que no cometió ningún acto de hostilidad en el fondeadero donde se había colocado”. Esto confirmaría que, detrás de la escuadrilla de Marín, estaba la escuadra española anclada en la isla de Sacrificios, lista para entrar en acción con el pretexto del ataque a una de sus embarcaciones.[28] La intervención de Estados Unidos habría sido una acción preventiva frente a una alianza abierta entre España y el gobierno de Miramón.
El reconocimiento norteamericano al gobierno de Juárez obligó a Miramón a promover el auxilio de una potencia extranjera. A diferencia de Juárez, Miramón no tuvo tiempo para desarrollar una política internacional y descuidó cuestiones elementales. Buscó reanudar las relaciones con España e instruyó a su ministro, Juan N. Almonte, para negociar “un convenio para el arreglo de las cuestiones pendientes entre ambos países”. En septiembre de 1859 se firmó el tratado Mon-Almonte por el cual México se comprometía a continuar la persecución de los responsables de los crímenes contra españoles y a pagar una indemnización por daños y perjuicios. El artículo 6 restablecía el tratado del 12 de noviembre de 1853 “en toda su fuerza y vigor”, es decir, el arreglo de la convención española rechazado en el gobierno de Comonfort en 1856 por incluir créditos ilegales.[29] Meses después desembarcó en Veracruz Francisco Joaquín Pacheco, designado embajador por la reina Isabel II, y su llegada coincidió con el declive del gobierno conservador. En una flagrante incoherencia, Pacheco reconoció al gobierno de Miramón precisamente cuando Zuloaga motivó una crisis de legitimidad al anunciar su regreso a la presidencia. Asimismo, Pacheco participó en las negociaciones de paz y, con la derrota, ofreció refugio a Miramón. No es extraño que, al volver a la capital, Juárez lo expulsara del país.
En todo caso, como observó Bulnes, la intervención en Antón Lizardo no salvó a Juárez, sino a Miramón, que no tenía ninguna posibilidad de triunfo y convirtió una derrota segura en un triunfo moral. Por eso, José Ramón Malo en su Diario de sucesos notables tachó al gobierno liberal de traidor e irreflexivo.[30]
La intervención también convenció a muchos conservadores de que un acuerdo de paz era imposible. Al descalificar las negociaciones iniciadas por los gobiernos de Juárez y Miramón, el padre Francisco Javier Miranda —señalado por Justo Sierra como el representante más típico de la “reacción”— afirmó que se alejaban “las esperanzas de pacificación”, porque no habían intereses comunes que fueran objetos de transacción (los males no podían remediarse “con una constitución democrática ni con libertad religiosa”). Recalcó que había una estrecha comunidad de intereses entre Europa y América Latina. Está demostrado, dijo, que los mexicanos no podían, por sí solos, cuidar sus intereses porque la nefasta intervención política de Estados Unidos hacía imposible cualquier arreglo. El único remedio para salvar la nacionalidad era poner un dique a la “rapacidad” norteamericana, adoptando un gobierno diametralmente opuesto, y llevarlo “a un grado tal de eficiencia y robustez, que no pueda ser conmovido por el impulso del norte”.[31] Sin decirlo abiertamente, Miranda ya pensaba en esa forma de gobierno: la monarquía. La intervención de Estados Unidos obligó al clero, a regañadientes, a seguir apoyando al gobierno de Miramón que, en su declive y derrota, no parecía comprender la gravedad de una situación que el Diario de Avisos resumía en la interrogante: “¿qué será de México si triunfan los traidores?”[32] Por eso cobró auge en sectores conservadores la idea de promover una intervención armada para instalar un monarca europeo (según modelos de Francia y España). En mayo de 1859 Degollado informó a Juárez: que “el partido clerical solicita con empeño un príncipe extranjero que concluya con la independencia y la nacionalidad de México (según he descubierto por haberse interceptado la correspondencia del célebre monarquista Gutiérrez de Estrada con el sanguinario padre Miranda)”.[33] En julio de 1860, el obispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos expresó su desacuerdo con el padre Miranda porque la actitud de Zuloaga al reclamar el poder a Miramón, perjudicaba “el arreglo de la intervención”, que iba muy avanzado.[34] La derrota confirmó la necesidad de revalorar el proyecto monárquico. Los militares —que no eran afines a la idea— quedaron descartados.
Más tarde, la quiebra de la economía del gobierno juarista proporcionó el pretexto para la intervención europea. Ante el riesgo, Estados Unidos propuso a Juárez, a través de su embajador, Thomas Corwin, un préstamo de 11 millones de pesos para pagar a los tenedores de bonos del extranjero, a cambio de grandes concesiones. El presidente Lincoln al principio estuvo de acuerdo pero después se opuso. De cualquier modo, el embajador presentó el tratado al gobierno de Juárez y fue aceptado, dada la gravedad de la situación. El peligro para México era evidente, pero se alejó nuevamente por causas ajenas a la voluntad del gobierno mexicano (ya que ni Lincoln ni el Congreso norteamericano quisieron ratificarlo). Como consecuencia del desastre financiero, Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda exterior el 17 de julio de 1861. Y de ese hecho se siguió la intervención tripartita. Aunque la guerra de secesión en Estados Unidos alteró el orden de los acontecimientos, la intervención norteamericana fue decisiva en la derrota final del Segundo Imperio. Esto fue reconocido por los miembros del gabinete de Juárez. Estados Unidos proporcionó reconocimiento diplomático seguido de presiones al gobierno de Francia, pero también recursos y armamento para la formación de los grandes ejércitos que pusieron fin a un conflicto de diez años en Querétaro en 1867.
Los cargos hechos contra Juárez por su búsqueda de apoyo de Estados Unidos jugaron un papel significativo en la guerra de Reforma, en especial en la elección final del enemigo por la opción monárquica, y como es lógico influyeron en las interpretaciones posteriores sobre el sentido de su conducta política. Curiosamente, Juárez creyó que el mayor riesgo provenía del viejo continente, de España, de un modo más o menos similar a la consideración de muchos conservadores de que la intervención de Estados Unidos no dejaba otro camino que buscar ayuda en Europa. Para Bulnes, el tratado McLane-Ocampo no fue sino el resultado de la ineptitud en el manejo de la guerra. La debilidad del gobierno conservador era evidente, pero Bulnes redujo todo a una cuestión cuantitativa. Si Juárez y su gabinete aceptaron esa opción, fue en condiciones desesperadas. Por lo demás, los arreglos en la compra de armamento por parte de los liberales, e incluso la contratación de soldados y oficiales norteamericanos, no fueron una medida tomada por el gobierno de Juárez, sino por algunos de sus colaboradores como Vidaurri, Carbajal y Degollado (lo mismo puede decirse de la inclusión de bandidos sanguinarios en las filas liberales). Los norteamericanos tenían intereses concretos, que volvieron a mostrarse en los años previos a la intervención con la firma del tratado Corwin-Doblado, finalmente rechazado en el Congreso Norteamericano. Sin embargo, los norteamericanos estaban inmersos en sus propios conflictos internos y contemplaban los riesgos del exterior a su manera, por lo que no es fácil afirmar que México estuvo cerca de ser parte de Estados Unidos, al menos en ese momento. Es evidente que había una identificación entre los liberales mexicanos y el sistema de gobierno de Estados Unidos, pero éste no se presentaba como paladín de la democracia en el continente. Lo que si parece claro es que Estados Unidos, sobre todo después de la guerra de secesión, surgía en el escenario mundial como parte del nuevo equilibrio de fuerzas. En este sentido, Juárez comprendió la importancia de una alianza estratégica en su momento histórico, independientemente de que estuviera convencido de que la democracia era el futuro de las sociedades civilizadas.

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