El riesgo de secularizar la política

De manera discreta, casi sigilosa, los congresos locales han impuesto severas sanciones contra aquellas mujeres que por diversas razones deciden interrumpir su embarazo, aun cuando sea producto de una violación; hoy suman 17 estados de la República mexicana que han extremado medidas punitivas contra el aborto.

La estrategia ha tenido tres actores centrales: la jerarquía católica y las dirigencias nacionales del PAN y del PRI. Las entidades donde se ha repenalizado la interrupción del embarazo son: Yucatán, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Chihuahua, Campeche, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y, recientemente, Veracruz. Precisamente, en esta entidad, José Eduardo Ortiz González, coordinador de la Asociación Ministerial Evangélica de Veracruz, con humor involuntario expresó que “la decisión de los diputados locales estuvo inspirada por Dios, quien tomó el control del Congreso en defensa de la vida”. Como si Dios fuera líder de las bandas parlamentarias.

Resulta inverosímil el entusiasmo protagónico que ha asumido el PRI no sólo renunciando a su tradición fundadora laicista (¡si el anticlerical Plutarco Elias Calles lo viera!), sino que abraza banderas y reivindicaciones de la más rancia ultraderecha católica. No existen argumentos razonables que expliquen la postura priísta. Nada menos que María de las Heras intenta responder en sus encuestas: “Yo en lo personal, como casi 80 por ciento de los electores, no puedo creerles que lo hagan por cuestiones éticas o ideológicas, pero tampoco le encuentro la lógica electoral por ningún lado” (El País, 23/11/2009).

Efectivamente, su sondeo arroja duras críticas a la postura del Revolucionario Institucional y en especial a su presidenta Beatriz Paredes, de quien, comenta, por ser mujer y presumirse liberal se podría esperar todo, menos que contemplara impávida lo que los legisladores de su partido han hecho en más de la mitad de las entidades federativas.

Hay un extraño y confuso juego de poder que, según diferentes analistas, estaría comprometiendo el proceso electoral de 2012, o al menos la postura de la Iglesia de cara a la sucesión presidencial.

En un régimen de libertades laicas, el Estado no puede impedir que una Iglesia haga valer sus principios y visiones en el conjunto de la sociedad. Ninguna sociedad que se precie de democrática puede impedir que una jerarquía religiosa ejerza su derecho a realizar lobby y cabildeos para posicionar su doctrina religiosa sobre la vida y principios con los que debe conducirse la sociedad.

Desde esta perspectiva, la jerarquía católica hace su trabajo, claramente mandatado desde Roma. Lo que un Estado laico no puede permitir es que funcionarios y legisladores antepongan su posición religiosa personal en detrimento de posturas incluso minoritarias. No pueden imponer principios religiosos al conjunto social diverso y heterogéneo.

La laicidad es un principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias, que establece jurídicamente no sólo la clara diferenciación de poderes consagrada en el artículo 130 de la Constitución, sino que determina que el Estado no necesita de la legitimidad religiosa ni divina para ejercer su soberanía como tampoco las iglesias necesitan del apoyo gubernamental para desplegar su misión.

El Estado laico debe garantizar su principio histórico de mantenerse al margen de las creencias y convicciones religiosas, no actuar contra las creencias, sino situarse más allá de toda religión como una forma de coexistencia civilizada que se sustenta en la tolerancia. En México hasta mediados del siglo XIX se vivió en una sociedad en la cual el catolicismo era autoridad tanto civil como religiosa, una especie de república católica que fue quebrantada políticamente por movimientos liberales. Dicho proceso llevó a sangrientas confrontaciones fratricidas y a desarrollar gradualmente un proceso de secularización de nuestra cultura.

Tiene razón Roberto Blancarte al sentenciar reiteradamente en sus recientes artículos de opinión que hay una contrarreforma o acto de traición a los principios laicistas y liberales de la Constitución mexicana por parte de los legisladores. También cabe la anotación de Jorge Fernández Menéndez, quien se pregunta: “Quizá somos una sociedad mucho más conservadora de lo que presumimos; probablemente se trata de que cada vez más los poderes fácticos tienen mayor poder real; tal vez es una confirmación de que los partidos y sus dirigentes no se sustentan en plataformas, sino en intereses coyunturales” (Excélsior, 20/11/09).

El comportamiento de las legislaturas estatales refleja una profunda crisis de la clase política mexicana. El deterioro de su imagen, autoridad moral y liderazgo es cada vez más patente, sólo habría que ver su comportamiento en el reciente episodio en torno al presupuesto 2010 para constatar descrédito y falta de legitimidad social. Por tanto, no es extraño que se refugie en la poderosa Iglesia para encontrar, como los reyes de la Edad Media, la legitimidad divina.

Esta coyuntura nos ha mostrado socialmente que la jerarquía tiene más poder y capacidad de gestión política de lo que muchos analistas suponíamos. La jerarquía católica ha mostrado, como dice Carlos Monsiváis, “músculo”; la ultraderecha yunquista ha demostrado poder de cabildeo no sólo ante el aborto, sino en otras cuestiones torales como el veto a Emilio Álvarez Icaza para la presidencia de la CNDH; y la izquierda laica no nada más ha brillado por su ausencia, sino por su incapacidad de salir de sus antagonismos endogámicos. Efectivamente, la mayor penalización a la interrupción del embarazo no deseado va más allá de una revancha política o religiosa, sitúa muy bien al país que somos y la verdadera estatura de la clase política.