Día internacional de la violencia contra la mujer

Vaya modo de conmemorar esta fecha: el secretario de Gobernación, fuera de sus facultades, hablando dogmáticamente y no como ecuánime funcionario, se declaró personalmente en contra de la interrupción del embarazo”; el recién ungido presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evasivamente dijo: “sin duda la mujer tiene derechos (sic), pero también un producto” (recontrasic); pero la presidenta del PRI se llevó las palmas, como si no enarbolara, capita-neara y defendiera la ideología de un partido liberal y sus consecuencias, se situó diciendo “el tema divide a la sociedad y polariza el ambiente, por eso estuve al margen”; el nuncio apostólico no se quedó mudo: pidió a los legisladores “responsabilidad y ética moral”.

Del otro lado del mundo, en España, el episcopado amenazó con excomulgar a los legisladores que votaran en favor del aborto y podrían ser dispensados si “lo confiesan y piden perdón públicamente”. Como se ve, el viaje desde el Medioevo tiene boleto de regreso y no sé cómo interpretar que en materia de libertades individuales nos parezcamos más a la parte ultramontana de España, que a un país donde esas libertades son plenas.

La cuestión del aborto nunca ha sido fácil debido a que implica aspectos de diversas índoles, desde filosóficos hasta científicos y jurídicos. En casi todos los países su discusión agita a la sociedad y, más que argumentos, suelen esgrimirse, en muchas ocasiones, creencias, emociones, sentimientos y concepciones morales.

No obstante, el mundo ha progresado respecto de los derechos humanos y los avances científicos han ganado terreno en los contextos de democracia y con niveles altos de igualdad jurídica y educación de sus habitantes. La decisión de la interrupción del embarazo corresponde a la mujer, sin necesidad de la voluntad del varón, y ya en Europa se perfila que ella, si es mayor de 16 años, no requiera de la anuencia de sus padres.

En México se han dado monstruosos ejemplos, como el caso de Tijuana, donde las autoridades sanitarias negaron a una niña de 15 años, encinta por efecto de una violación, que diera por terminado el embarazo. También en nuestro país se está dando una regresión, pues 17 congresos estatales en los que participa suficientemente el PRI –partido socialdemócrata– han regresado a la criminalización del acto después de que recientemente parecieran haber dado un paso a la modernidad.

Qué penoso resulta que en una nación con las pretensiones de modernidad que abrigamos, el aborto extralegal, y por ello frecuentemente extrasanitario, siga siendo una de las causas que marcan la desigualdad social. Esto corroe al país y sentencia a la mujer por causas estrictas de moral, de una moral que atañe solamente a sus adeptos, además de marginar o discriminar a aquellas que tienen una manera de pensar distinta.

Esta forma de entender la vida derrumba el artículo primero constitucional al impedir a las mujeres gozar de igualdad de las garantías que otorga ese mandato, así como al artículo tercero en su fracción II al no luchar contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios.

Ante un tema tan controvertido, desearía fijar mi postura, me parece de honestidad. Mi convicción es que el tema es de carácter científico, no moral; la mujer es dueña indiscutible de su cuerpo y el Estado tiene el deber ético de protegerla, de servirla, de respetar sus decisiones.