Jacinta era una mujer incómoda para la justicia mexicana. Se había convertido en el ejemplo más claro de la sinrazón de las autoridades que imparten las leyes en el país.
Con argumentos falsos, la Procuraduría General de la República (PGR) la mandó a la cárcel por 21 años, acusada de secuestrar a seis agentes federales. Tres años estuvo presa Jacinta, hasta que en una reposición del juicio, amañado en primera instancia, fue puesta en libertad la madrugada de este miércoles.
Eran tan claras las inconsistencias en el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Maciel, así como de Teresa González y Alberta Alcántara, que no pudieron mantenerse.
Pese a ello, la PGR insistió que las tres indígenas, junto con 200 personas más del mercado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, secuestraron a los seis policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).
El 26 de marzo de 2006, los agentes llegaron al mercado para decomisar mercancía importada ilegalmente. Horas después, éstos declararon que Jacinta motivó a la gente para que los secuestraran y luego pidieran un rescate por 80 mil pesos. Y ellos aceptaron las condiciones, supuestamente porque sentían que sus vidas estaban en riesgo.
Los comerciantes dieron otra versión: que los policías llegaron con prepotencia, sin identificarse, y destruyeron la mercancía pirata que estaba en los puestos, lo que originó el descontento de la gente que los identificó como ladrones y los obligó a reparar el daño.
Ninguna de las declaraciones testimoniales de los pobladores fue tomada en cuenta. Además, se cometieron graves irregularidades en el juicio, como la falta de un traductor, la concesión de carácter de prueba otorgada a la fotografía de un diario local –cuyo fotógrafo desestimó un posible secuestro y ello no fue considerado– y la contradicción de las declaraciones entre los supuestos secuestrados.
Así, sin pruebas contundentes, mediante un proceso plagado de irregularidades, con pruebas sin peso ni definición legal, la indígena otomí Jacinta, así como Teresa y Alberta, fueron enjuiciadas y sentenciadas a 21 años de cárcel, y luego recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, por un delito que no cometieron.
Pese a que se trataba de un ejemplo claro de injusticia, en su momento el caso no llamó la atención de las organizaciones que se han dedicado a encabezar campañas contra la inseguridad y la injusticia. Tampoco llamó la atención de escritores como Héctor Aguilar Camin, quien junto con un grupo de investigadores del CIDE sí retomaron el caso de los indígenas evangélicos acusados de la matanza de Acteal.
Bernardo Romero Vázquez, presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano", y el Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", se encargaron directamente de la defensa de Jacinta y lograron que este año se repusiera el juicio.
En ese nuevo juicio, Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme lo marca su reglamento y, en consecuencia, les brindó todo su apoyo.
El gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, no quiso meterse en el asunto, y sólo después de tres años los diputados del PAN emitieron una posición condenando la injusticia.
A destiempo, es decir, en agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que concluyó que la PGR acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios "de oídas".
Entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que tres de los seis agentes federales que dijeron haber sido retenidos por las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que "impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos".
Para entonces, el caso de Jacinta ya había traspasado fronteras. El representante en México del la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, hizo una visita a la indígena y emitió un comunicado en el que pidió la pronta excarcelación y la eventual reparación del daño por las irregularidades del proceso.
Amnistía Internacional (AI), en tanto, calificó a Jacinta como "presa de conciencia" y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostuvo que Jacinta Francisco estaba encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que limitó su capacidad de responder ante la justicia sobre los hechos que se le imputaban.
Frente a la defensa de organizaciones nacionales e internacionales, la PGR comenzó a trastabillar. Uno de los agentes acusadores no fue localizado, otro más murió, y sólo cuatro ratificaron su testimonio.
Y ante la imposibilidad de mantener el caso, Jacinta, Alberta y Teresa, las tres indígenas acusadas de secuestro, fueron puestas en libertad este miércoles.
En un comunicado, la PGR declaró que "por duda razonada, el fiscal presentó pruebas no acusatorias".
Sin embargo, el caso evidenció, una vez más, que se trató de una más de las injusticias que se cometen en el sistema judicial mexicano, tan cuestionado por su porosidad ante los diversos grupos de poder que hacen que la balanza se incline hacia donde más les conviene.
Jacinta: justicia extraviada
Después de tres años y un mes de injusto encarcelamiento, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial fue liberada la madrugada de ayer, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció, a principios de este mes, que presentaría conclusiones no acusatorias” en su contra. Para poner el hecho en contexto, cabe recordar que Francisco Marcial y otras dos indígenas otomíes, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron detenidas y encarceladas en agosto de 2006, y posteriormente sentenciadas a 21 años de prisión, como consecuencia de una acusación absurda e inverosímil: haber secuestrado a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en el contexto de una protesta en el pueblo de Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro.
La excarcelación que se comenta es sin duda un hecho positivo y saludable por cuanto implica la rectificación de una profunda injusticia: a las irregularidades que prevalecieron en el momento de su detención –fue capturada por medio de engaños y trasladada a la ciudad de Querétaro en un vehículo no oficial, en una circunstancia que bien podría ser equiparada al secuestro– deben sumarse las violaciones procesales que sufrió posteriormente, como la falta de un traductor durante sus declaraciones ministeriales y las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados. Por añadidura, la principal prueba empleada en contra de Jacinta fue una fotografía publicada en la portada de un diario local, en la que la indígena aparece detrás de los participantes de la protesta referida, y cuyo autor aseguró no haber visto nada parecido a un secuestro, mientras que otros supuestos testimonios inculpatorios fueron obtenidos “de oídas” y por medio de “falsos testigos”, según indicó en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo demás, la tardanza con que se produjo la liberación de la indígena otomí pone en evidencia el exasperante extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, en los que el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la impunidad, la corrupción, la discriminación y la violación a las garantías individuales son parte del patrón de conducta de las instituciones supuestamente encargadas de salvaguardar el estado de derecho.
Adicionalmente, y si se toma en cuenta el hecho de que la excarcelación de Jacinta no obedeció en esencia a un espíritu de esclarecimiento y justicia por parte de la autoridad, ni a una alegada “buena fe” de la parte acusadora sino, principalmente, a la presión de organismos humanitarios nacionales e internacionales, y a la exhibición del caso en los medios de comunicación, es pertinente preguntarse cuántas personas en el país se encuentran en una situación similar sin que sus casos hayan salido a la luz pública: por no ir más lejos, la propia PGR señaló ayer, a través de un comunicado, que mantendrá vigentes las pesquisas en contra de Alberta Alcántara y Teresa González “ya que existe imputación directa y categórica en cuanto a su participación en los delitos anunciados”, como si las acusaciones en su contra no fueran tan descabelladas como las que se imputaron a Jacinta.
Finalmente, mal haría el gobierno federal en considerar que el reconocimiento de la inocencia de la indígena otomí pone punto final al episodio: antes bien, este hecho debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar el daño causado a Jacinta y sus familiares, dentro de las cuales deberán incluirse las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, que integraron el proceso con marcadas irregularidades, así como de los servidores públicos del Poder Judicial que no quisieron ver el despropósito que estaban cometiendo al encarcelar a una mujer manifiestamente inocente. Es exigible, en suma, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales a que dé lugar este atropello, como un primer paso para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la que sufrió Jacinta Francisco Marcial durante más de tres años.
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Tema: Jacinta, una mujer incómoda para la justicia 
Jue Sep 17, 2009 5:02 pm
