Politica a la Mexicana

La opción a tomar
¿López Obrador o la izquierda?
Por: Sergio Sarmiento

Andrés Manuel López Obrador es un político con una gran habilidad para llamar la atención de los medios. Pero su capacidad para dialogar e impulsar iniciativas políticas que realmente beneficien a esos pobres que él dice representar ha sido mucho más limitada.

Sus conferencias de prensa matutinas cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, sus descalificaciones al Presidente de la República al llamarlo chachalaca, sus grandes manifestaciones, su bloqueo del Paseo de la Reforma y su insistencia en dar El Grito en el Zócalo o de crear un gobierno alterno, lo han convertido en el personaje político más famoso de nuestro país. Si algo se le puede atribuir es que, desde que llegó a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, ha establecido constantemente la agenda política nacional a través de su manejo de los medios. Incluso el presidente Fox ha caído en el juego y ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo en responderle. En cambio, los logros de López Obrador en la lucha contra la pobreza han sido más bien marginales.

El programa de apoyo a los adultos mayores de la ciudad de México ha sido, sin duda, un éxito mediático, como lo fue en su momento Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. La experiencia en México y en el mundo, sin embargo, nos dice claramente que no es con programas asistenciales como se combate la pobreza. Esto sólo se puede hacer creando riqueza y empleos. Y el periodo de gobierno de López Obrador en el Distrito Federal fue más bien modesto en estos campos.

Curiosamente, el esfuerzo más venturoso de López Obrador para generar riqueza fue el impulso a la renovación del centro histórico de la ciudad de México. En esto contó con el respaldo de inversionistas importantes, como Carlos Slim y un grupo de constructores, que estuvieron dispuestos a apostar grandes cantidades de dinero a la reconstrucción del centro de la ciudad. Sin embargo, fue contra ellos precisamente que López Obrador se lanzó cuando secuestró el corredor Paseo de la Reforma-Zócalo para presionar a los magistrados del Tribunal Electoral.

Grupos simpatizantes de López Obrador, como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han actuado con la misma lógica en la ciudad de Oaxaca. Ellos dicen que están beneficiando a los pobres. Pero al detener la actividad y económica de la capital del estado, así como la educación de los niños oaxaqueños, han golpeado más a quienes menos tienen.
La izquierda mexicana tiene que pensar muy bien qué opción debe tomar ahora. ¿Quiere seguir a López Obrador en el camino de un liderazgo mesiánico que sólo se interesa en el poder? ¿O quiere recuperar las viejas causas de la izquierda y hacer un esfuerzo serio para combatir la pobreza?

Reforma electoral

EDITORIAL DE EL UNIVERSAL

Aun cuando la votación de los magistrados fue dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los mexicanos tenemos constitucionalmente derecho a buscar un cargo de elección popular como candidatos independientes, es decir, sin la necesaria postulación de un partido político, como opera hasta ahora. Así se zanja una abierta discusión sobre el fondo jurídico de la materia, de manera que no sólo puede ser posible la aspiración de candidatos sin partidos, sino que se reconoce que los electores puedan inclinarse por entregar su voto a candidatos independientes que no logren el apoyo de ningún instituto político.

Después de esta opinión constitucional, el Congreso de la Unión deberá ahora resolver si se hacen las adecuaciones correspondientes en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (Cofipe). Ahora bien, más allá del debate concreto de los candidatos sin partido, la postura de la Corte bien puede servir como inicio de una corrección mayor del Cofipe a la luz de las lagunas, ambigüedades y contradicciones que afloraron en las elecciones federales de julio pasado. Esto para poner los resultados electorales a salvo de suspicacias y para fincar las bases de una reforma mayor en nuestro sistema político, a tono con la actual redistribución del poder político en México.

Legisladores y magistrados tendrán que debatir, entre otros muchos temas, la fiscalización de los gastos de precampaña; regular si debe intervenir una instancia intermedia en la contratación de tiempos en medios de la propaganda electoral; definir si pueden regularse los contenidos de la propaganda política sin menoscabo de la libertad de expresión; acotar la conducta de funcionarios en tiempos electorales; mejorar la certificación del padrón electoral; trabajar más en la capacitación de los funcionarios de casilla; acortar los tiempos de campaña; y analizar la posibilidad de una segunda vuelta electoral.

Quizá es la oportunidad también para revisar si todavía se justifican los legisladores de representación proporcional, cuando ya no existe un partido predominante, y podemos reducir la nómina parlamentaria; estudiar la viabilidad de reelección y con qué modalidades según el cargo, para propiciar mejores carreras políticas, y quizás hasta ponderar las asesorías de propaganda política de empresas extranjeras. Esta es una agenda rica en temas, los anotados y otros más, pero no se nos escapa que la formulación de los ordenamientos está en manos del Congreso, atenidos los legisladores sobre todo a las indicaciones e intereses de sus partidos.

ensamos que es necesario avanzar en el perfeccionamiento de nuestra reglamentación electoral, para evitar que los siguientes comicios se repitan las dudas y suspicacias que surgieron en algunos sectores de la sociedad durante el pasado proceso. Una nueva reforma electoral, consensuada, será de mucha utilidad para la gobernabilidad de la nación, así como pudiera ser, a su vez, la puerta hacia una reforma más ambiciosa, la del Estado, que revise a fondo el futuro de nuestro sistema político y el México que queremos los ciudadanos para los años venideros.

Las especiales
Por: Sergio Sarmiento
Tácito

De todos los argumentos que se escuchan para comprobar que hubo fraude en la elección del 2 de julio, el que más cita la gente común y corriente --la que no es especialista en las reglas electorales de nuestro país-- tiene que ver con las casillas especiales.
Ayer, una persona que conocí en Cancún me decía, como me lo ha dicho tanta gente en los últimos meses, que el fraude queda demostrado por el hecho de que a miles de personas que trataron de votar en las casillas especiales que se colocaron en esta ciudad se les impidió el ejercicio de ese derecho.

Los conocedores del tema no consideran esto como prueba de un fraude, pero sí la gente del pueblo cuya confianza en los procesos electorales es absolutamente indispensable.

Pocos de quienes protestan por las limitaciones a los votos en casillas especiales se dan cuenta de que la ley establece claramente las reglas que ocasionan el problema. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales limita el número de casillas especiales a un máximo de cinco por distrito y las boletas a 750 por casilla.

Cada tres años estas limitaciones producen las mismas escenas con largas colas fuera de las casillas especiales. Las colas son particularmente importantes y conflictivas en ciudades como Cancún, Tijuana y el Distrito Federal que tienen una enorme población flotante.

Una y otra vez hay protestas cuando los funcionarios de casilla impiden que puedan votar más ciudadanos del límite de 750. Muchas veces los funcionarios tratan de contrarrestar las protestas tomando nota de los nombres y credenciales de elector de quienes están en la cola para hacerlos constar en las actas de protesta que se presentarán a las autoridades electorales. Pero este proceso suele crear más dudas y protestas entre quienes no pueden votar.
Este problema con las casillas especiales ha sido evidente desde que se promulgó la actual legislación electoral en 1990. Los partidos políticos aprovechan las protestas que surgen en cada elección por estos límites a las casillas especiales para llevar agua a su molino, pero al final no llevan los casos hasta el Tribunal Electoral porque saben que los funcionarios no hacen más que aplicar una ley imperfecta.

Es evidente que hay muchos cambios que se deben considerar en la ley electoral de nuestro país. Hay que poner reglas claras a la duración y la financiación de las precampañas; deben definirse los límites de los cuestionamientos o ataques a los rivales en una campaña; hay que reconsiderar los montos de dinero que los ciudadanos damos a los partidos y a los candidatos; debemos definir si queremos adoptar ya la reelección de legisladores; hay que pensar si queremos una segunda vuelta en elecciones presidenciales cerradas. Pero antes de considerar modificaciones complejas como estas, sería bueno que los legisladores prestaran atención de una vez por todas al tema que más preocupa a los propios electores. Y claramente no hay aspecto de los comicios que genere más suspicacia de los ciudadanos que la limitación en el número de casillas y boletas especiales.

Los legisladores deben considerar dos opciones. Una posibilidad es que simplemente se elimine toda votación en casillas especiales. Esto obligaría a que todos los ciudadanos en el país sufragaran en las secciones en las están registrados. Mucha gente se quedaría sin votar, es claro, pero no habría la falsa expectativa que genera la situación actual, en la cual se promete a millones la posibilidad de votar que después no se cumple.

La otra opción es ampliar de manera radical el número de casillas especiales y las boletas en cada una de ellas. Esto satisfaría la exigencia de la gente que quiere votar, aun cuando no se encuentre en la zona del país en que se ha registrado como elector. El problema es que esto debilitaría una de las salvaguardas de nuestro sistema electoral. Hay que recordar que en las casillas especiales no es posible tener las listas completas con fotografía de los electores por lo que el proceso de verificar la identidad del votante se vuelve más prolongado e incierto. Y en estos tiempos en que los perdedores de las elecciones cuestionan todo, perder esta salvaguarda en un número muy elevado de casillas puede ser peligroso.

Los políticos y los intelectuales están más preocupados por reformas más ambiciosas e intelectualmente llamativas. Pero las dudas de la gente común y corriente se centran en las casillas especiales. Cada tres años los mayores incidentes electorales son los que tienen que ver con estas casillas. Si queremos fortalecer la confianza en los procesos electorales de nuestro país, debemos empezar por las casillas especiales.

Independientes. Hoy votará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de una nueva ley electoral en Yucatán que permite las candidaturas independientes. La discusión comenzó desde el martes pasado pero el voto se pospuso para este jueves. Los ministros pueden poner fin al absurdo de las leyes que les dan a los partidos políticos el monopolio de las candidaturas a cargos de elección popular. Pero esperemos que después entre el Congreso a legislar para garantizar las candidaturas independientes pero dándoles reglas claras que no obliguen a los contribuyentes a subsidiar a cualquier loco que quiera ser presidente. Bastante tenemos con los que ya tenemos.

Magistrado inepto

Un caso que mereció las primeras planas de los periódicos fue el del magistrado de circuito, Raúl Melgoza Figueroa, protegido de la ministro de la SCJN, Victoria Adato de Ibarra, quien, a su vez, era protegida por el entonces presidente Miguel de la Madrid.

Al tomar posesión como procuradora de justicia del Distrito Federal, Victoria Adato de Ibarra nombró director de la policía judicial capitalina a Melgoza Figueroa y cuando ésta fue convertida en flamante ministra de la SCJN, consiguió que nombraran juez federal a su protegido, abriéndole así el camino para convertirlo a la postre en magistrado.

Sólo que Raúl Melgoza mostró una total incapacidad en todos los cargos que ocupó. Al respecto, el CJF, con fecha del 22 de marzo de 2000 anunció los motivos de su decisión: ?Por incurrir en errores inexcusables y por notorio descuido en el desempeño de sus funciones, el pleno del CJF destituyó a Raúl Melgoza Figueroa del cargo de magistrado de circuito, a quien se le encontró un rezago en 613 expedientes.?

Explicó el CJF que Raúl Melgoza decretó sobreseimiento por inactividad procesal en diversos juicios de amparo indirecto, después de celebrada la audiencia constitucional, y admitió pruebas en otro juicio de amparo indirecto, luego de que se llevó a cabo la audiencia constitucional.

Para el CJF, las faltas en las cuales incurrió el magistrado constituyeron ?errores inexcusables e implican notoria ineptitud y notorio descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar los servidores públicos?.

La democracia es la selección de los mejores gobernantes que la mayoría selecciona

La democracia es un sistema político que defiende a la libertad humana y le evita abusos de poder por parte del gobierno mediante la división del poder de la autoridad en ejecutivo, legislativo y judicial —y más aún, mediante la división del poder en el tiempo y en el espacio. La democracia es la posibilidad de cambiar de gobernantes sin necesitar un golpe de estado. El voto popular no es garantía de que lleguen al poder los mejores. Y tampoco puede contarse con que la selección de la mayoría es la mejor por definición —las mayorías pueden estar absolutamente equivocadas seleccionado a sus gobernantes.

Cambiar de gobierno eligiendo a otros gobernantes es de lo que se trata la democracia, respetando la voluntad de la mayoría.

Pensando eso, en México se eligió a Fox creyendo que con él traía la magia de Harry Potter y se daría un cambio absoluto —que nunca llegó en la proporción esperada, que era gigantesca. Las mayorías pueden estar equivocadas de cabo a rabo y sus preferencias ser totalmente contrarias a lo racional. Cambiar de personas en el gobierno es lo de menos, lo que debe cuidarse es el mantener la división de poderes del gobierno para evitar abusos de poder. La democracia vista sólo como la emisión de un voto personal es la creencia del holgazán que cree que yendo cada ciertos años a votar ya está haciendo política.

PRI vendió todas sus candidaturas a alcaldías en Tlaxcala



A todo el que quisiera aspirar a una candidatura del PRI en Tlaxcala se le cobró una cuota de entre 30 mil y 60 mil pesos independientemente de que ganara la candidatura o no, admitió el partido en el estado.

El PRI en Tlaxcala cobró a todos sus aspirantes a candidatos a las 60 presidencias municipales en el estado 20 mil pesos por candidatura.

De acuerdo con Reforma, el propio partido admitió que incurrió en esta práctica de cobrar entre 30 mil y 60 mil pesos a todo el que quisiera ganar una candidatura independientemente de que ganara o perdiera la candidatura.

Esto a pesar de que en las últimas elecciones, las de 2006, el PRI perdió en 53 de los 60 municipios y en todos los distritos electorales de Tlaxcala.

El PRI pretende justificar esta práctica alegando que el cobro está permitido en los estatutos del partido y que supuestamente el dinero se usa para actos de campaña.